Redacción HoraxHora
El ex presidente de Filipinas Rodrigo Duterte fue arrestado este martes en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino (NAIA) tras su llegada a Manila, en cumplimiento de una orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) por su papel en la guerra contra las drogas, informó el Palacio Presidencial, de acuerdo reseña hoy un cable de Agencias.
”Temprano por la mañana, Interpol Manila recibió la copia oficial de la orden de arresto de la CPI“, señaló un comunicado presidencial.
“Actualmente, [Rodrigo Duterte] está bajo custodia de los autoridades“, agregó.
Detalla la nota que Duterte, quien aterrizó en Manila en un vuelo de Cathay Pacific procedente de Hong Kong donde participó el pasado fin de semana en un acto electoral previo a los comicios del próximo 12 de mayo, fue detenido por la Policía Nacional de Filipinas (PNP) y trasladado a Camp Crame para los procedimientos de documentación.
Durante el arresto, no opuso resistencia, aunque fue escuchado diciendo: “Solo tendrán que matarme”, según fuentes policiales.
Horas antes, Duterte se mostró dispuesto a “entregarse” a la CPI por las supuestas violaciones de Derechos Humanos cometidas bajo su Administración en el marco de las controvertidas políticas implementadas para hacer frente al consumo y tráfico de drogas.
“Si este es verdaderamente mi destino en esta vida, está bien, lo aceptaré. Me pueden arrestar y encarcelarme”, aseveró.
“¿Cuál es mi pecado? Hice todo lo que estuvo en mi mano para fomentar la paz, para que los filipinos vivan en paz”, agregó.
Agencia agrega en su nota que el ex mandatario llevó a cabo una guerra contra las drogas durante su mandato, entre 2016 y 2022, en la que murieron unas 6.000 personas en operativos antidroga y ejecuciones extrajudiciales, según las cifras de la Policía, aunque organizaciones no gubernamentales locales elevan esta cifra a más de 30.000.
La CPI comenzó su investigación sobre los asesinatos relacionados con la guerra contra las drogas el 1 de noviembre de 2011, cuando Duterte aún era alcalde de Davao, y la amplió hasta el 16 de marzo de 2019. En 2019, Duterte retiró a Filipinas del Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI, en un intento de eludir la jurisdicción del tribunal, según organizaciones de derechos humanos.
En 2021, el gobierno de Duterte intentó suspender la investigación argumentando que el sistema judicial filipino ya estaba investigando los casos, lo que, según su defensa, invalidaba la competencia de la CPI. Sin embargo, en 2023, los jueces de apelaciones de la CPI autorizaron la reanudación del proceso.
