Redacción HoraxHora
El exministro cubano de Economía y Planificación, Alejandro Gil, una de las figuras centrales del gabinete de Miguel Díaz-Canel hasta su destitución en 2024, fue sentenciado a cadena perpetua por delitos de espionaje, cohecho y sustracción y daño de documentos, según informó este lunes el Tribunal Supremo Popular de Cuba a través de medios oficiales. El tribunal señaló que la conducta del exfuncionario vulneró normas de protección de información clasificada y atentó contra la seguridad del Estado.
Los jueces declararon a Gil culpable de varios delitos vinculados al manejo de documentación oficial, entre ellos la violación de sellos y la infracción en la protección de materiales clasificados. El primer juicio se celebró en La Habana entre el 11 y el 13 de noviembre, en un proceso que, según la versión oficial, expuso graves fallas en el manejo de información sensible por parte del exministro.
El Tribunal Supremo también informó que Gil enfrentó un segundo proceso penal, realizado entre el 26 y el 29 de noviembre, por cohecho para falsificación de documentos públicos, tráfico de influencias y evasión fiscal, todos con carácter continuado. Por esta causa recibió una pena adicional de 20 años de prisión, acumulada a la condena principal.
Ambas sentencias pueden ser recurridas en un plazo de diez días, aunque hasta el momento no se ha hecho pública ninguna reacción de la defensa. El tribunal justificó la severidad del fallo al afirmar que los “comportamientos altamente lesivos” atribuidos al exministro constituían una amenaza directa para el Estado, considerando que la “traición a la Patria es el más grave de los crímenes”.
En su comunicado, las autoridades judiciales sostuvieron que Gil utilizó sus cargos para obtener beneficios personales mediante sobornos y pagos de firmas extranjeras. También señalaron que influyó sobre otros funcionarios para legalizar la adquisición de bienes y manipular documentación oficial, generando perjuicios económicos y comprometiendo información clasificada.
La condena marca un giro notable en la cúpula de la dictadura cubana. Gil ejerció como ministro de Economía y Planificación entre 2018 y 2024, fue viceprimer ministro y miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Durante esos años, se convirtió en uno de los colaboradores más cercanos de Díaz-Canel y en el rostro visible de las reformas económicas implementadas en medio de la crisis estructural de la isla.
Su destitución en febrero de 2024 se presentó inicialmente como un relevo relacionado con fallas en la implementación de políticas económicas. Sin embargo, un mes después, Díaz-Canel anunció públicamente que el exministro estaba bajo investigación por “graves errores” vinculados a corrupción, abriendo la puerta a un proceso penal sin precedentes recientes.
A finales de octubre, la Fiscalía confirmó que Gil enfrentaba once cargos penales, incluidos delitos económicos, administrativos y de seguridad del Estado. La condena ocurre en un momento en que la dictadura cubana ha intensificado su discurso contra la corrupción administrativa, mientras enfrenta presiones internas y externas por la profundidad de la crisis económica.
La caída de un exministro y viceprimer ministro constituye un hecho excepcional en Cuba. Gil había sido central en la defensa oficial de medidas económicas polémicas, especialmente durante la unificación monetaria y la reestructuración del comercio estatal. Su condena formaliza ahora su caída dentro del poder político y económico del país.
