Uno de los componentes principales del éxito de un proceso electoral reside en el respeto del liderazgo político, los partidos y los candidatos a los preceptos de la ley y, esencialmente, a los dictados emitidos por la Junta Central Electoral, tomados en el marco de las leyes que la rigen.
En ese sentido, nueva vez, la Junta Central Electoral ha ‘recordado’ –algo que no debieran olvidar- a los partidos políticos de las disposiciones que establece la Ley Electoral sobre los tiempos y alcances de la campaña, de cara a los procesos que llevan a las votaciones, esta vez en febrero y mayo del 2024.
En su comunicado ‘Admonición’ –“advertencia que se hace a alguien para que corrija su conducta”, según el diccionario de la Lengua- la Junta indica que la Ley es clara y precisa cuando prohibe «la celebración de eventos multitudinarios como mítines, marchas, caravanas y la divulgación de propaganda electoral como la colocación de vallas, afiches, pancartas, así como la promoción de los aspirantes a través de medios de comunicación como la radio y la televisión» y otorga un plazo de 15 días, hasta el 25 de agosto, para el retiro de la propaganda de lugares públicos y de los medios de comunicación.
Ya, hace unos meses, la Junta emitió una resolución similar a la de ahora, pero fue burlada olímpicamente por los partidos, los líderes y/o aspirantes. No hubo consecuencias.
Hoy, al encontrarnos en la ruta cronometrada por los dictados de la Ley Electoral para la celebración de las Primarias –en octubre-, las votaciones para escoger las autoridades municipales –el tercer domingo de febrero- y las presidenciales y congresuales –el tercer domingo de mayo- estamos obligados a cumplir, sin variación ni periquitos, lo que disponga la Junta en virtud de su potestad legal.
El que se ha ‘avanzado’ mucho en la colocación de la propaganda, visual y por los medios así como en la celebración de manifestaciones públicas, no puede ni debe ser visto como ‘norma de costumbre’ y permitirse y/o aumentarse en violación de la ley. El deber del liderazgo político nacional es imponer las reglas de juego hacia adentro de sus organizaciones y sobre sus dirigentes aspirantes, en campaña.
Jamás el desafío a la autoridad y las leyes, porque la señal que se envía a la sociedad es nefasta, más si precisamente los que buscan el favor de los votos para llegar a las posiciones de mando de la nación, lo hacen bajo el manto del incumplimiento de las leyes que juran respetar y hacer respetar.
Y es deber, obligación, de la Junta Central Electoral hacer cumplir las leyes y enfrentar a quien sea que las violente, porque de su firmeza, ahora, podría depender el éxito de las consultas que tenemos por delante, en octubre, febrero y mayo.
