La decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la crisis de Haití descansa en una serie de premisas, planteadas en la resolución sometida por Estados Unidos y Ecuador pero también de una gama de entendibles acuerdos internos necesarios para poder dar paso a la autorización del despligue policial y militar en la media isla en crisis.
Esta acción de la fuerza multinacional, apoyada por la ONU, tiene otras connotaciones de cara a la crisis de frontera entre República Dominicana y Haití por el desafío que representa la construcción unilateral de un canal sobre las aguas del río Dajabón-Masacre. La resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y el posterior despligue, es de esperarse, incidirá en la búsqueda de solución al conflict, sin que ello obligue a República Dominicana a variar sustancialmente las medidas tomadas, aunque alguna flexibilidad podría registrarse.
Varios tópicos determinan el curso a seguir:
• La ONU no se involucra ‘directamente’ en el control de las fuerzas interventoras;
• Lo que habrían negociado China y Rusia para no vetar la resolución –oposición que habían mantenido a lo largo de las últimas semanas- aunque con su ‘abstención’ mostraban sus ojerizas a la decision;
• La ‘potestad’ que tendrán las fuerzas de intervención para actuar frente a las bandas armadas con asistencia técnica a fin de apoyar los esfuerzos de la Policía Nacional de Haití para hacer frente a los elevados niveles de violencia de las bandas y restablecer la seguridad, dado que la situación en Haití sigue constituyendo ‘una amenaza para la paz y la seguridad internacionales y para la estabilidad de la región’ por lo que ‘para evitar la pérdida de vidas humanas y dentro de los límites de sus capacidades y zonas de despliegue, adoptar medidas temporales urgentes con carácter excepcional, para ayudar a la Policía Nacional de Haití a mantener el orden público básico y la seguridad pública, incluso mediante arrestos y detenciones, según sea necesario’.
En este contexto, República Dominicana, con su Presidente Luis Abinader a la cabeza, ha logrado una importante victoria, toda vez que el clamor, y exigencia, nacional sobre la intervención internacional en la crisis de Haití parecía, por momentos, que caía en saco roto. Y ha sido importante que el Presidente reafirmara la decisión del Estado dominicano de no participar en la composición de fuerzas que se está armando, con Kenia a la cabeza, para el despliegue policial-militar en Haití. “Fueron dos largos años de trabajo, de insistencia, en algunos momentos, pensábamos que nadie nos escuchaba, pero después de la insistencia permanente de toda nuestra diplomacia, se ha logrado lo que debe ser el principio del fin de pacificar ese país”, ha comentado Abinader tras la aprobación de la resolución de la ONU.
El despliegue y ante el poder de las bandas armadas, presagia, como es de esperarse, serios enfrentamientos violentos con saldos impredecibles de víctimas, acciones imposible de evitar si entra una fuerza policiaco-militar con el propósito principal de ‘pacificar’ la nación, tomando el control de las calles, barrios y ciudades para lo que habrá que desmantelar las pandillas criminales, que no parecen dar visos de desmovilizarse y/o entregarse.
Y esto apunta, con lógica, que algunos de esos pandilleros tratarían de cruzar hacia República Dominicana, por lo que la tajante declaración del Presidente Luis Abinader al respecto tiene todo el peso de su consecuencia: “Que se entreguen en su país, porque aquí les iría mucho peor”.
