En República Dominicana gozamos de un respeto amplio al ejercicio de la libertad de prensa.
Hace 25 años los directores de periódicos -yo dirigía Ultima Hora-, abogados especialistas en derecho de prensa y estudiosos constitucionalistas entregamos al entonces presidente Leonel Fernández un anteproyecto de modificación a la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, la 6132 -que data de 1962-, con notables avances sobre el ejercicio de la comunicación periodística profesional en el país.
Aquel anteproyecto fue dejado sobre el despacho presidencial al marcharse en agosto de 2000 y su sucesor, Hipólito Mejía lo sometió a las cámaras legislativas, donde los senadores y diputados irresponsablemente lo engavetaron, pura y simple.
Desde entonces se han sometido proyectos de reformas a la Ley de prensa, que han sido frustrados por los legisladores, otros que ni siquiera han sido enviados a las cámaras, algunos ‘retazos’ que han sido aprobados -la ley de libre acceso a la información pública y de la responsabilidad en cascada, por ejemplo-, otros sancionados y promulgados, como el adefesio de la Ley 1-24 sobre la DNI.
Hoy sufrimos los estragos de la plaga de los irresponsables que se escudan en las redes sociales, para decir lo que les da la gana de manera ofensiva, acusan a quien se les antoja, por morbo o $$, que difaman, injurian, asesinan reputaciones. Todo en un ambiente en que esos sicarios de honras son exaltados por la propia sociedad como héroes, la mayoría por temor a caer en sus redes.
Nos escandalizamos, entonces, cuando un ‘influencer’ admite que recibió una versión, que no confirmó, y que la ‘echó’ hacia adelante no importando sus consecuencias ni a quienes ‘asesinaba’.
¿Seguiremos de brazos cruzados?
