El fracaso de la educación en la República Dominicana representa la derrota moral de toda la sociedad. El problema es multicausal, histórico y estructural, pero, lejos de asumirlo, enfrentarlo y reducirlo, lo hemos dejado crecer a niveles inmanejables.
Los pesimistas dirán que ya cruzamos el punto de no retorno; los optimistas dirán que otros países tuvieron un punto de inicio peor y que en pocas décadas lograron un milagro (Corea del Sur, Taiwán, Singapur); y tendrán razón en ello, sólo que esta vez no hay una Guerra Fría que inyecte esteroides por cuestiones geopolíticas; y que el cambio de modelo productivo de fabril–industrial a mente–factura convierte al capital humano en factor decisivo para captar inversiones y generar crecimiento.
Si la mayor riqueza de un país reside en el nivel educativo de su población, entonces, somos un país pobre. El problema fue diagnosticado y evaluado, como también la solución fue identificada, costeada y presupuestada. De 2012 a la fecha han sido destinados más de 28,000 millones de dólares por concepto del 4% y los resultados han sido desastrosos y desalentadores.
Lo que debió haber sido el eje del mayor acuerdo político jamás logrado –el de ejecutar con celeridad, transparencia y eficiencia esos recursos–, se convirtió en el botín político más codiciado, de ahí que hoy día –doce años después–, nuestro nivel educativo sea uno de los más bajos del mundo.
Para la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) –en tanto gremio–, su prioridad es elevar el nivel de vida de sus asociados, y todo queda supeditado a ello, incluyendo la docencia, razón de ser de su magisterio; de ahí que sea coherente y consecuente su posición al momento de denunciar lo que a su juicio constituyen supuestas irregularidades técnicas cometidas por el Ministerio de Educación en lo que respecta al Concurso de Oposición Docente iniciado el pasado jueves 06. Al retirarse del concurso, la ADP reitera su práctica obstruccionista del proceso de mejora educativa nacional, pues, ¿cómo deslegitimar un proceso que busca garantizar que 39,000 postulantes concursen para 8,024 plazas en las 18 direcciones regionales, bajo régimen de carrera?, ¿qué tan significativos pueden ser los tecnicismos señalados, cuando el proceso viene corriendo desde abril y está reglado por la Orden Departamental 16-2024?
El concurso busca seleccionar a los mejores sobre la base de “dos pruebas: Habilidades Cognitivas Generales (HCG) y Conocimientos Disciplinares y Pedagógicos (CDP)” y el intento de deslegitimarlo evidencia la verdadera naturaleza del problema, pues –generalizando– si el desempeño de los alumnos es la prueba del nivel de los maestros, hay que concluir que no sólo los estudiantes no aprenden, sino que los profesores no enseñan.
¿Cómo romper la inercia?, ¿acaso seguir haciendo lo mismo que no ha funcionado? Un pacto nacional por la educación es la única salida viable, y, por su trascendencia, sólo el presidente Abinader puede legítimamente liderar el proceso. Todo lo demás será una pérdida de tiempo.
