La evidencia histórica de los últimos 28 años, en los que cuatro presidentes han conducido los destinos del país, indica que las medidas de austeridad y eficiencia han servido solo para amortiguar o contener las presiones de gasto de corto plazo, pero no han sido efectivas para evitar su crecimiento en el largo plazo.
Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina y Luis Abinader han gobernado el país en los últimos 28 años, desde 1996. Los cuatro han hecho su mejor esfuerzo para echar el país hacia adelante y, obviamente, como todo en la vida, con luces y sombras.
Pero de lo que no hay duda es que los cuatro han tenido algo en común: en algún momento de sus mandatos absolutamente todos han realizado esfuerzos de austeridad en el gasto público, ya sea forzado por las situaciones o bien para dar señales al país de que el gobierno hacía su esfuerzo en ese aspecto tan observado y criticado.
Estos esfuerzos se realizaron a través de decretos, leyes, normas, reglamentos o hasta con la conformación de comisiones para estudiar aspectos del gasto que podían eficientizarse. En algunos casos se llegaron a formar comisiones con actores de la sociedad civil y/o de la dirigencia empresarial o sindical.
Por ejemplo, en diciembre del 2002 fue firmado el Pacto por la Estabilidad y el Desarrollo Económico, entre el Presidente Mejía y el Presidente del CONEP en representación del sector empresarial. En el marco de este pacto el Gobierno se comprometía a “ejecutar el presupuesto del 2003 haciendo énfasis en la austeridad, a elevar la calidad del gasto y desarrollar mecanismos que permitieran fomentar que el empleo público se mueva hacia el sector privado, generando nuevas fuentes de trabajo y llevando las nóminas a los niveles de agosto del año 2000.”
Como consecuencia de la firma de ese pacto, en febrero del 2003 se creó mediante el decreto No. 178-03 la Comisión Nacional para la Adecuación del Personal de la Administración Pública, conformada por representantes del sector empresarial, sindical, partidos políticos, participación ciudadana, funcionarios del Gobierno y por el mediador por excelencia del país: el recordado monseñor Agripino Núñez Collado. A esta Comisión se le otorgó un plazo de 90 días para que hiciera una propuesta de adecuación gradual del personal de la administración pública.
Algunas de las iniciativas se asumieron bajo el manto de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional o bien por la presión de grupos empresariales o sociales ante aumentos en el gasto que la sociedad consideraba excesivos.
En el año 2006 en el Gobierno de Leonel Fernández, por ejemplo, en el contexto de un acuerdo con el FMI se aprobó la Ley No. 497-06 sobre Austeridad en el Sector Público. Entre algunas de las medidas contempladas en esta legislación se pueden citar las siguientes:
Reducción de entre un 5% y un 15% del sueldo de todos los funcionarios del Gobierno Central y de las instituciones descentralizadas y autónomas del Estado, dependiendo del rango salarial del empleado; Restricciones a la compra de vehículos y a los viajes al exterior, límites al uso de celulares, gastos de representación y dietas. También se dispuso la congelación de la nómina del Gobierno Central durante el año 2007, entre otras muchas medidas adicionales.
La publicidad nunca se escapa a estas medidas y, por ejemplo, en el año 2008 en el marco de la crisis del petróleo, el Presidente Fernández anunció un recorte de 25% en toda la publicidad del Gobierno.
Un buen momento para tomar medidas de austeridad es cuando un Presidente asume las riendas del Gobierno. Por eso Danilo Medina inició su mandato con un decreto de austeridad: el No. 499-12 de fecha 22 de agosto del año 2012. Es decir, durante la primera semana de su gestión.
Mediante este decreto se prohibieron las fiestas, los agasajos, almuerzos, recepciones, celebraciones u otras actividades de similar naturaleza. También (por enésima vez) la compra de vehículos, la compra de obsequios y de canastas navideñas. También se restringieron los gastos en publicidad y propaganda, los viajes al exterior; y se dispuso que se aplicaran medidas de ahorro y sustentabilidad en el consumo energético, el uso eficiente de agua y en el uso de materiales y suministros en las instituciones del Gobierno. Esto es solo una mención parcial de todas las medidas que dispuso ese decreto.
Mediante el decreto 262-13 del año 2013 se prorrogó hasta el 31 de diciembre de ese año, la vigencia del decreto No. 499-12, el cual originalmente estaba vigente hasta agosto del 2013.
En cuanto a las medidas que se tomaron en el primer cuatrienio del Presidente Abinader es mejor citarlo a él directamente. En un evento el pasado mes de febrero en la UASD dijo que la reforma del gasto público se había afianzado en estos tres años: “Se han emitido 32 decretos, varias leyes y 37 resoluciones para suprimir 13 entes y órganos, cuyos recursos ahora son remitidos a sectores esenciales, especialmente a fortalecer las políticas de protección social a los más vulnerables.”
También, en ese mismo discurso, el presidente Abinader resaltó la lucha contra la corrupción, las disposiciones en favor de la transparencia, así como la reducción de la burocracia en el Estado.
Hasta aquí todo muy bien: no se puede negar que todos los gobiernos han tratado de tomar medidas de ahorro, mayor eficiencia y mejoras del gasto público. Pero, así como todos tienen eso en común, también se unen en la trayectoria del gasto público, que en las últimas décadas es creciente como se aprecia claramente en la gráfica.
Es decir, las medidas de austeridad y eficiencia han servido solo para amortiguar o contener las presiones de gasto de corto plazo, pero no han sido efectivas para evitar su crecimiento en el largo plazo. Algunos más optimistas dirán que esas medidas han ayudado a reasignar gastos a otras partidas de las erogaciones públicas que sean más prioritarias. “Whatever”, dirían en inglés.
Por lo general, esas medidas se toman no para ahorrar ni bajar el gasto total, sino para reducirlo en algunas partidas y aumentarlos en otras. También, para reasignar de gasto menos productivo a gasto más productivo (de acuerdo al criterio del Gobierno de turno).
Ahora se acaba de anunciar un plan ambicioso para eliminar y fusionar instituciones. Pero esta vez, y a mi juicio de manera correcta, el Gobierno se ha puesto adelante y le dijo muy claro a la población que estas medidas buscan mejorar la eficiencia del Gobierno y que no van a reducir el tamaño del Estado. En otras palabras, que el gasto público total no va a bajar, sino que los ahorros que se consigan van a ser utilizados en sectores prioritarios como salud, seguridad ciudadana e infraestructura.
En cuanto a otras medidas de austeridad anunciadas, es simplemente más de lo mismo: congelación de la nómina, eficiencia en el gasto de publicidad, prohibición de compra de vehículos, control a los viajes al exterior, prohibición de realización de fiestas y eventos, y un largo etc.
Si se implementan algunas de las propuestas de eliminación y/o fusión de instituciones puede haber un salto de eficiencia en el Estado, aunque esto tomará tiempo. Pero a la larga el resto de las medidas anunciadas no implicarán grandes ahorros. Son disposiciones que se han adoptado en todos los Gobiernos anteriores y que ahora se repiten para tratar de dar una señal de austeridad.
Si la sociedad espera que el anuncio de medidas de austeridad en el gasto va a evitar un aumento de impuestos, es mejor que vaya esperando otra cosa. Es que la evidencia histórica es muy clara y el problema macro de las cuentas fiscales es grande. Por eso es mejor seguirse preparando para el peor escenario, con la esperanza de que todo esto salga lo mejor posible, por el bien del país.
