La familia López Pilarte, padre e hijos, han sido encartados en un expediente por alegado lavado de activos proveniente del narcotráfico, por lo cual la fiscalía de La Vega pidió este martes ante un tribunal de esa jurisdicción un auto de apertura a juicio.
Los acusados son Miguel Arturo López Florencio (Miky López) y sus hijos Miguel Arturo López Pilarte y José Miguel López Pilarte, pero también Ada María Pilarte y José Antonio Román y las empresas de la familia Auto Crédito Selecto, SRL, Servi-Crédito Selecto, SRL, Agropecuaria Gloria Ivette, SRL y la Inmobiliaria Gloria Ivette, SRL.
El corresponsal de Diario Libre en La Vega, en una crónica que publica el periódico indicó que en la supuesta red de lavado de activos “también está involucrada la esposa de López Florencio, Rosa Amalia Pilarte, quien es diputada por La Vega por el Partido Revolucionario Moderno (PRM). Sin embargo, no fue incluida en esa acusación, debido a que por su condición de legisladora le corresponde una jurisdicción privilegiada en la Suprema Corte de Justicia”.
De acuerdo con la acusación, empresas son de fachada y de carpeta, cuya operatividad estaba disfrazada para colocar en el sistema financiero nacional miles de millones de pesos y dólares obtenidos por las actividades del narcotráfico.
La fiscal de La Vega, Aura Luz García, asegura que la acusación contra los López está compuesta de 387 pruebas documentales, 257 materiales, 53 testimoniales, 18 audiovisuales y 27 periciales “que servirán para destruir la presunción de la inocencia de las cinco personas físicas y cuatro personas jurídicas acusadas”.
La fiscal explicó que ruante la investigación se realizaron ocho incautaciones cautelares a 17 propiedades de lujo, valoradas en la Capital, y La Vega, La Romana, Puerto Plata y Espaillat.
“No soy lavador ni narcotraficante… yo tengo todas las experticias de mis cuentas”, dijo en mayo pasado Miky López cuando se le mencionó en una relación de negocios con el diputado Miguel Gutiérrez Díaz, arrestado en Miami, Estados Unidos, acusado de dirigir una gran red de narcotráfico.
Cuando la fiscalía de La Vega inició el proceso en su contra, en julio de 2020, luego de una serie de allanamientos y arrestos, Miky López recibió una orden de coerción de tres meses de prisión preventiva, garantía económica y un brazalete electrónico. La medida fue variada a prisión domiciliaria en diciembre.