El Estado dominicano se querelló este martes ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) contra 16 personas, entre ellos ex funcionarios, y más de 25 empresas nacionales acusados de cometer estafas en las empresas distribuidoras de electricidad (EDEs) por más RD$ 20,000 millones.
Los imputados son el exadministrador general de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE(, Rubén Jiménez Bichara, así como Luis Ernesto de León Núñez, Rubén Montás Domínguez, Radhamés del Carmen Maríñez, Julio César Correa, Maxy Gerardo Montilla Sierra y Alexander Montilla Sierra (hermanos de la exprimera dama Cándida Montilla), Juan Alexis Medina Sánchez (hermano del expresidente Danilo Medina), Messin Elías Márquez Sarraff, Domingo Antonio Santiago, Julián Esteban Suriel Suazo, Wacal Vernavel Méndez Pineda, Miguel Antonio Reyes Reyes, Peter Alexis Francisco Tejada y Dileisi de Jesús Rivera.
También fueron sometidos los ejecutivos de más de 25 empresas nacionales que, según se afirma, formaron parte de un entramado mafioso contra el Estado Dominicano.
Se les acusa de estafa agravada en contra del Estado, coalición de funcionarios, prevaricación, lavado de activos, falsedad en documentos privados y uso de documentos falsos, asociación de malhechores y soborno a funcionarios.
La querella fue presentada por el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, cuyo vicepresidente ejecutivo, Andrés Astacio, señaló que la misma “tiene como objeto poner en conocimiento del Ministerio Público este entramado fraudulento destinado a cometer crímenes en contra del Estado Dominicano, en su calidad de accionista mayoritario de las empresas, así como de las propias EDESUR, EDENORTE y EDEESTE, a partir de las contrataciones públicas amañadas, fraudulentas y sobrevaloradas realizadas en violación de las leyes de la República”.
El equipo jurídico contratado, coordinado por el Dr. Miguel Valerio e integrado por prestigiosos abogados y firmas dominicanas de Derecho, ha realizado en los últimos meses auditorías en cada una de las EDEs, con la revisión de cientos de procesos, estudios de miles de páginas de documentos, entrevistas, análisis forenses, entre otras vías de actuación. Estos trabajos han evidenciado el modus operandi de la estructura mafiosa que operaba y han permitido cuantificar los montos envueltos en cada una de las operaciones realizadas.
El fraude contra el Estado, indica la querella, no se realizó únicamente a través de contrataciones ilícitas en las EDEs sino que también era ejecutado directamente con la CDEEE, a través de licitaciones manejadas a favor de los hoy querellados, incluso cuando dichos procesos eran realizados con fondos provenientes de facilidades crediticias otorgadas por organismos internacionales.
En la querella se solicita a la PEPCA que inicie las investigaciones pertinentes para determinar la ocurrencia de los hechos punibles y sus responsables, especialmente a los miembros de los comités de compras y contrataciones, y a los miembros de los Consejos de Administración de las EDEs que ocuparon sus cargos en el periodo 2012 a agosto de 2020. Asimismo, se pide al juez de instrucción la imposición de medidas de coerción, atendiendo a la gravedad de las circunstancias reveladas y ante el peligro de destrucción de evidencias por parte de los imputados.
Por último, el Estado, EDENORTE, EDESUR y EDEESTE, como actores civiles, solicitan evaluar, provisionalmente y de manera preliminar, en la suma de RD$ 50,000 millones el monto resarcitorio a ser pagado por los querellados como justa reparación por los daños y perjuicios ocasionados en perjuicio del Estado dominicano, más los intereses judiciales y accesorios que pudieren derivarse de dicha suma.
