Redacción HoraxHora
Mientras desde el Gobierno se divulgan resultados “satisfactorios” sobre el crecimiento y sostenibilidad de la economía del 5 por ciento en 2024, en el mismo tenor se revela una dura realidad: cada vez es mayor la dependencia de una población vulnerable a las políticas sociales o “el asistencialismo del Estado”, en medio de denuncias de corrupción por montos millonarios.
Desde finales de diciembre pasado y hasta días recientes de febrero, el Banco Central difunde logros del Gobierno en materia económica. El crecimiento de 2024 fue del orden del 5 por ciento y se proyecta que la meta de este año podría llegarse por encima del 4 por ciento, resaltando como muy significativo para la región de América Latina y el Caribe.
De acuerdo a los datos oficiales: el crecimiento del Producto Interno Bruto ha tenido su impacto en el mercado laboral, con el hecho de que 5 millones 29 mil 45 dominicanos gozan de un empleo formal, con una informalidad –sin embargo- superior al 54 por ciento.
Sólo en los últimos cuatro años, el Gobierno –dice el Banco Central- tuvo el logro de crear 733 594 nuevos puestos de trabajo. En 2024 hubo el fomento de 172 mil 904 empleos, de los cuales 29 mil 442 fueron informales.
En la realidad que se trata de revelar en las cifras oficiales, hay un trasfondo que se describe en un reciente estudio del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) titulado “En 2024 cinco millones y medio de personas dependían del gobierno dominicano”.
Se refiere en la publicación que, en 2024, por tercer año consecutivo, la cifra de dependientes del Gobierno superó los cinco millones de personas.
“En 2019 el monto de dependientes representaba 3.8 millones de personas. Con los datos de noviembre de 2024 es posible observar que esa cantidad se ha incrementado en 1.7 millones de personas hasta superar los 5.5 millones, un crecimiento de 45% en solo cinco años”, se indica en la investigación del economista Miguel Collado Di Franco.
“A noviembre de 2024, último mes del que se dispone información para poder realizar el análisis completo, 3% del total de los habitantes se habían agregado al monto global de beneficiarios”, precisa.
Desde la CREES se tiene un enfoque de las políticas públicas. “En lugar de realizar reformas estructurales para aprovechar la coyuntura y apuntalar al país como la economía más atractiva para la inversión en la región, se optó por una política de mayores subsidios y empleos públicos. Aunque en el momento se tomaron medidas de salud pública que ayudaron a la recuperación de la economía, se optó por el statu quo en términos de reformas estructurales”, se precisa en el estudio.
La CREES ofrece datos crudos: En 2019, Bonogás Hogar tenía 940,963 cuentas o cabezas de familia registradas y era el principal programa de asistencia o transferencias. Le seguía Comer es Primero, o Aliméntate, que tenía 825,275 cuentas.
En 2020, año en que inicia la pandemia de Covid-19, Aliméntate cerró el año con 962,431 cabezas de hogares recibiendo esa asistencia, y pasó a ser el programa de transferencias con el número mayor de receptores, insiste Collado di Franco en su trabajo.
En el terreno judicial
En marzo de 2022 se denunció que, en menos de dos años, los fraudes cometidos contra beneficiarios del programa gubernamental de auxilio social Supérate, mediante la clonación de tarjeta o uso no autorizado de la cédula de identidad, superaban los 300 millones de pesos.
Más de 100 millones corresponden a la estafa realizada en febrero pasado que afectó a unos 30,000 beneficiarios en el municipio Santo Domingo Este y al menos seis personas fueron apresadas y sometidas a la Justicia.
En marzo de 2022 fue informado desde el Ministerio Público que se obtuvo medidas de coerción en contra de seis personas implicadas en transacciones fraudulentas con tarjetas del programa de ayuda social Supérate.
Se hacía referencia a un faloo de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, que impuso tres meses de prisión preventiva en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Mujeres a los imputados Ydalisis Maribel López, Yanilda Altagracia Rodríguez Herrera y Jonathan Martínez.
Mientras que garantía económica de RD$100 mil a Bernaldo Santiago Hernández Concepción, y de RD$80 mil para Juana Felicia Guillén y Odalia Florentino, además de presentación periódica.
El Ministerio Público señala en el expediente que, en el mes de febrero del año 2022, fue iniciada una investigación como resultado de varias reclamaciones de consumos no reconocidos por beneficiarios del programa Supérate de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS).
Se destaca que esas tarjetas “Supérate” pertenecen a personas vulnerables y envejecientes, los cuales necesitan dichos fondos para alimentos y medicamentos, pero producto de este fraude millonario realizado por esta estructura criminal cientos de personas fueron despojadas del dinero que recibían en este programa de ayuda.
Los hechos imputados por el Ministerio Público habrían sido cometidos en transacciones fraudulentas e irregulares en los comercios Súper Colmado Gael, Colmado Melinda, Almacén El Pache, Colmado Paola, Súper Colmado Jhonsy, Colmado Saray, Súper Colmado Gloria, Colmado Juana, Colmado Hernández y Colmado Michael.
Detalles de los establecimientos
Ydalis Maribel López es señalada como la propietaria del Almacén El Pachá, ubicado en Villa Mella, Santo Domingo Norte. En este lugar, de acuerdo con las indagatorias, se realizaron 628 transacciones desde el viernes 18 al 20 de febrero de 2022. Se ha calculado que el monto estafado solo en este comercio asciende a más de un millón de pesos.
En el Súper Colmado Gloria, ubicado en la localidad de La Victoria, Santo Domingo Norte, las autoridades detectaron 2,964 transacciones, ascendentes a un monto de 4.8 millones de pesos. Este negocio es propiedad de la imputada Yanilda Altagracia Rodríguez Herrera, quien está dentro de los detenidos.
En el Súper Colmado Gael, propiedad de Jonathan Martínez, ubicado en el sector La Vuelta de Villa Esperanza, en el municipio de San Antonio de Guerra, se detectaron 2,264 transacciones, equivalentes a 3.7 millones de pesos.
En tanto que, en el Colmado Juana, ubicado en La Victoria, propiedad de Juana Felicia Guillén, las autoridades calcularon que se hicieron 632 transacciones también por más de un millón de pesos.
Asimismo, en el Colmado Melinda, ubicado en La Victoria, y que es propiedad de la imputada Odalia Florentino, identificaron 1,642 transacciones por un valor de 2.7 millones de pesos.
Mientras que en el Colmado Hernández, propiedad de Bernaldo Santiago Hernández Concepción, también ubicado en La Victoria, lograron detectar 534 transacciones por más de ochocientos ochenta mil pesos.
