Redacción HoraxHora
Diputados de diferentes partidos políticos solicitaron a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana mayor flexibilidad en la aplicación de sanciones por el incumplimiento en la entrega de la Declaración Jurada de Patrimonio, conforme a lo estipulado en la Ley 311-14. Alegan que los recientes cambios en los requisitos han dificultado cumplir con el proceso en los plazos establecidos.
Gustavo Sánchez, vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuestionó la rigurosidad de las nuevas exigencias, señalando que los niveles de detalle solicitados por la Cámara de Cuentas van más allá de lo acostumbrado, y expresó preocupación sobre la seguridad de la información proporcionada. «¿Es necesario que revelemos hasta los detalles de nuestras tarjetas de crédito? Esto es una exageración», afirmó Sánchez, quien admitió que aún no ha presentado su declaración.
Por su parte, Amado Díaz, vocero del Partido Revolucionario Moderno (PRM), destacó que aunque la ley debe cumplirse, considera que es necesario ser flexibles cuando se imponen requisitos que no estaban contemplados previamente. Díaz abogó por un enfoque menos punitivo y más comprensivo hacia los legisladores que no han podido completar el proceso.
Rafael Castillo, de la Fuerza del Pueblo, agregó que los cambios introducidos por la Cámara de Cuentas son violatorios del artículo 3 de la Ley 311-14, que regula la Declaración Jurada de Patrimonio. Castillo indicó que las nuevas exigencias, como la presentación de copias completas de pasaportes y la inclusión de redes sociales, complican el cumplimiento.
Elías Wessin Chávez, del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), también se manifestó en contra de las sanciones, calificando de «drásticas» las medidas, y destacó que la mayoría de los legisladores ha cumplido dentro del tiempo habilitado para completar sus declaraciones.
Los diputados coinciden en que las sanciones no son la respuesta adecuada ante los desafíos que ha planteado el proceso de declaración, y exhortan a la Cámara de Cuentas a reconsiderar sus procedimientos para facilitar el cumplimiento de la ley.
