Redacción HoraxHora
El Ministerio Público puso en marcha la Operación Cobra, con la cual inició un proceso de judicialización que buscaba sanciones penales y el decomiso del dinero sustraído al patrimonio público a través del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Más de 20 fiscales, auxiliados por más de 200 agentes de la Policía Nacional, ejecutaron 12 allanamientos a miembros de una presunta red de corrupción que afectó al SeNaSa con miles de millones de pesos.
En la operación fue arrestado Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa, y otras siete personas imputadas de defraudar a esta ARS pública, mientras varias personas físicas y jurídicas continuaban bajo investigación con el propósito de ser judicializadas conforme avanzaban las indagatorias del órgano acusador.
Los allanamientos también llevaron al arresto de Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
Al grupo se le imputaron cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, afirmó que el Ministerio Público realizaba grandes esfuerzos para que quienes atentaron contra la salud de la población, afectando especialmente a los más necesitados, pagaran por sus hechos y devolvieran al Estado cada peso sustraído del patrimonio público.
Recordó que la ARS SeNaSa pertenece a todos, por lo que se trataba de una afectación a un bien colectivo que impacta el derecho constitucional a la salud.
“El Ministerio Público reitera su compromiso inquebrantable de luchar contra la corrupción. Aquellos que atentaron contra la salud de la población tendrán que responder por sus hechos criminales”, expresó Reynoso.
Se destacó que la Operación Cobra buscaba, además de las sanciones penales, que los responsables devolvieran al Estado cada peso sustraído del patrimonio público.
El Ministerio Público informó que había recabado evidencias de soborno a gran escala, adulteración de estados financieros, programas especiales sin sustento jurídico, maniobras fraudulentas y un esquema de corrupción sistemática instalado por el entonces director del SeNaSa, en coalición con funcionarios de la ARS y con la participación de prestadores de servicios de salud.
Las acciones de la Operación Cobra fueron dirigidas por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, y la procuradora Mirna Ortiz, de la PEPCA, junto a un equipo de fiscales expertos en crimen organizado.
