Redacción HoraxHora
El Poder Judicial afirmó que la libertad de prensa y de acceso a la información pública no sufren limitaciones con la implementación de la política de protección de datos, sino que tiene como objetivo evitar que se expongan datos irrelevantes o sensibles de manera irresponsable.
También garantiza que esta política fue elaborada de conformidad con la Constitución y que responde a las normas establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Agrega que para su elaboración se agotó un proceso de consulta pública en los meses de diciembre 2023 y enero de 2024.
Explica que esta medida es una forma de autorregulación para el Poder Judicial, conforme al artículo 44.2 de la Carta Magna, además de la Ley de Protección Integral de los Datos Personales núm. 172-13 y otras disposiciones del ordenamiento jurídico dominicano.
Además de la Declaración Universal de Derechos Humanos, dicho texto responde a lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Red Iberoamericana de Protección de Datos, asegura el Poder Judicial.
Explica que como objetivo final, esta política de protección de datos busca proteger «la dignidad, la privacidad y los derechos fundamentales de todas las personas involucradas en un proceso judicial», mientras asegura que los tribunales sigan siendo transparentes y accesibles al público.
Precisa que la finalidad es proteger datos personales sensibles, que no son esenciales, es decir, informaciones «como direcciones, números de identificación o información de salud, que no son esenciales para el entendimiento del caso y cuya publicación podría vulnerar la dignidad de las personas involucradas».
Asimismo sostiene que para los casos como Calamar, Coral, Antipulpo y otros, que son de alto interés público, no se impide con esta nueva política que en el país se informe sobre las acusaciones, las personas procesadas ni los resultados de estos procesos.
El Poder Judicial garantiza el libre acceso de los periodistas a las salas de justicia y a los expedientes públicos.
En ese sentido, asegura que esta política no se trata de una restricción, sino de una medida para garantizar que el acceso a la información sea responsable y respetuoso con los derechos individuales.
