Redacción HoraxHora
República Dominicana manifestó ante la Organización de Estados Americanos (OEA) su preocupación por la grave reducción del espacio democrático en Nicaragua y exigió poner fin inmediato a persecución y detención de disidentes.
Josué Fiallo, embajador representante del Estado dominicano, emitió su voto favorable a la resolución mediante la cual 27 de 34 estados en el Consejo Permanente de la OEA, condenan a Nicaragua por “el hostigamiento” a la Iglesia católica, el “cierre forzado” de oenegés y la “persecución” de la prensa.
“Demandamos, exigimos el fin inmediato a la persecución y las detenciones de voces disidentes, por el mero hecho de expresarse, y liberar de inmediato a todas las personas que se encuentran detenidas de manera arbitraria, garantizar su integridad y seguridad personal, restablecer los derechos y garantías propias de un Estado democrático de derecho y avanzar en un proceso de diálogo interno que aseguren un ambiente de amplia participación”, expresó Fiallo durante la sesión extraordinaria de ese órgano.
También insistió en que el gobierno de Daniel Ortega libere a los presos políticos.
Denunció que durante las últimas semanas se han intensificado las denuncias de acciones graves en contra de medios de comunicación, organizaciones sin fines de lucro, líderes religiosos y agrupaciones de fe.
Dijo que la falta de garantías mínimas es un reflejo de arbitrariedad, de un sistema sin contrapesos y la falta de independencia de los poderes, lo cual no es cónsono con las obligaciones que todos en la comunidad internacional han asumido.
“El cierre de los espacios democráticos ha sido cada vez más asfixiante. Manifestamos nuestra preocupación por la suspensión de libertades y afectaciones a la libertad de expresión. Se han ha registrado ataques a la libertad de prensa a través del asedio policial y persecución institucional a medios de comunicación y personas trabajadoras de la prensa independiente, lo que ha provocado el cierre de varios medios, y el exilio de más de cien periodistas”, refirió.
Agregó que “la reciente expulsión de religiosas y el cerco a autoridades eclesiásticas de la iglesia católica son hechos que deben ser reconsiderados. La reciente prohibición a una celebración de la Virgen de Fátima y el cierre de emisoras católicas desafía toda lógica”.
Enfatizó en que la gravedad de la situación es desconcertante y que la impunidad generalizada frente a graves violaciones de derechos humanos, documentados, no admite explicación. “Ameritan su fin, verdad, justicia, reparación, y no repetición”.
Recordó que hace un año dominicana advertimos y condenó la detención y criminalización de precandidatos presidenciales y persecución penal contra reconocidos líderes y lideresas de grupos políticos opositores y empresariales, defensoras y defensores derechos humanos, y a miembros de la prensa independiente.
