La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) reiteró ayer que la aplicación de la prisión preventiva debe ser ante circunstancias específicas o de manera excepcional.
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de la Finjus, dijo que la realidad socio jurídica que parece imperar refleja que esta medida se ha desvirtuado, tal y como indica la doctrina. Agregó que la prisión preventiva deviene en una institución jurídica que se sitúa en el campo de tensión entre el deber estatal de perseguir eficazmente el delito y el deber, que también corresponde al Estado, de garantizar el ámbito de libertad del ciudadano.
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