La Comisión Especial del Senado habría decidido no rendir el informe sobre sus apreciaciones del proyecto de Código Penal debido a que estiman no hay tiempo para presentarlo al pleno y sancionarlo.
Así lo reveló este jueves el abogado constitucionalista Cándido Simón Polanco en el programa Rumbo de la Tarde, que producen George Rodríguez, Juan TH y Ruddy González. La versión del abogado fue reafirmada luego en sus cuentas en las redes sociales, citando “fuentes de entero crédito del Congreso Nacional”
“Se trata de un asunto de extrema importancia para festinar su estudio y decisión, y que por demás no se habría logrado consenso para aprobar dicho proyecto sin modificación”, dijo Polanco.
Asimismo el abogado precisó que “persistiendo divergencias latentes sobre temas cruciales como los tipos penales militares en Estado de Excepción por crímenes de guerra, entre otros, los legisladores de la comisión que estudia el proyecto, no se aventuraron a someter un informe al pleno”.
Explicó que debido a que la actual legislatura congresual le quedan pocos días –concluye la segunda semana de agosto- el proyecto “se caería” y habría que someterlo de nuevo.
Proyecto de Ley de Extinción
Asimismo el abogado Cándido Simón Polanco se refirió, en otra nota en sus cuentas de las redes sociales, al proyecto de ley de Extinción Discrecional de Dominio, del que cree “abre compuertas a la arbitrariedad”.
“Ese proyecto –explicó- es un momento a la discresionalidad y por lo tanto la apertura de la compuerta a la arbitrariedad, que si lo aprueban como está, terminará afectando la presunción de legalidad de la propiedad, la seguridad jurídica y el derecho constitucional al juicio previo a la expropiación”.
El abogado agregó que “lo propio sucede con la ley de compras y contrataciones públicas, que ha puesto en evidencia que la importación de modelos legales por prejuicio, terminan como retranca para la viabilidad de la alianza público-privada”.
Cándido Simón Polanco indica que “esa norma ha generado discursos populistas, trabas insalvables que terminan estigmatizando a los suplidores de servicios y contratistas de obras del Estado, a quienes se les ha venido tratando como sospechosos por el hecho de haber negociado con el Estado”.
