Los proyectos de ley sometidos y aprobado en las últimas semanas con claros rasgos de constreñimientos y presiones a las libertades de prensa y de expresión en el país, son episodios que no debieron ocurrir, NUNCA.
Desde el ajusticiamiento de Trujillo y la decapitación de la dictadura, hace 61 años, en la República Dominicana no se ha practicado una política de Estado contra la libertad de prensa ni del derecho a la libre expresión. Han ocurrido episodios que violentaron esos derechos, pero no se han convertido en una norma de costumbre del Estado.
Y es por ello que lo ocurrido en las últimas semanas en las cámaras legislativas, a iniciativa del oficialismo y al sometimiento de otro proyecto por parte del Poder Ejecutivo, han detonado las alarmas a nivel internacional e internacional.
El Presidente Luis Abinader, justo es reconocerlo, desarrolla su gestión en un marco de democracia plena y de disfrute de las libertades que, como la de prensa y expresión constituyen fundamentos básicos para la convivencia política y social de la nación.
Por ello resulta incomprensible que el Presidente comenzara por el final, designando una comisión que analice la ley y derechos de prensa y de expresión cuando ya los legisladores oficialistas tratan establecer leyes que se consideran ‘mordaza’ y el propio Poder Ejecutivo somete otro proyecto que contiene claros conceptos en la misma dirección.
Se ha generado, entendemos, una tormenta innecesaria que, por torpeza o obtusa visión, dan paso a desaguisados que no se corresponden y desdice mucho del ejemplo de democracia que nuestro país da el continente.
