La estadística oficial de la Procuraduría General de la República que establece que 1,339 personas murieron por homicidios en los diez primeros meses de 2022, es altamente preocupante.
Los programas gubernamentales contra la violencia delincuencial y/o por conflictos sociales que se han implementado en los últimos años, han fracasado.
Al plan antidelincuencia del Gobierno de Leonel Fernández, en 2005, que prometía ‘garantizar la seguridad y paz ciudadana’, denominado ‘barrio seguro’ y aseguraba ‘la modernización de la Policía Nacional y control de armas de fuego’, le siguieron otras dos iniciativas en el gobierno de Danilo Medina, que en el 2013 lanzó su Plan de Seguridad Ciudadana ‘Vivir Tranquilo’, reformulado y relanzado en 2017, incluyendo una estrategia de ‘control de los motores’ con chalecos y cascos numerados y registrados.
El Gobierno de Abinader lanzó en junio de 2021, la primera fase de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana, que buscaba reducir al mínimo la delincuencia y la violencia barrial, retirar de las calles las armas ilegales y enfrentar la violencia intrafamiliar.
Dos años y medio después de asumir el poder, pese a una oferta de contención de la delincuencia y la violencia desde su campaña para las elecciones de 2016, el actual Gobierno tampoco ha tenido éxito.
El propio Presidente Abinader lo reconoció en su discurso de 27 de Febrero: “…los homicidios por delincuencia y aquellos relacionados con conflictos de tipo social han sufrido, en ambos casos, un incremento”.
Es que han sido programas sustentados en la propaganda mediática, no en las realidades multifactoriales y multisectoriales que generan el problema. El Presidente Abinader prometió, ahora, una serie de acciones para atender los problemas multisectoriales que afectan los barrios y que lanzan a las calles, a delinquir a muchos, a los denominados ‘ni-ni’.
Los dominicanos, en medio de una espiral de violencia, esperan acciones, no más promesas ni propaganda.
