El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jáquez Liranzo, lleva más de un año advirtiendo, día por día, la impostergable e inmediata necesidad de reformar las leyes Electoral y de Partidos vigentes.
El tema, sin embargo, anda en el limbo, entre los curules del Congreso Nacional.
La ‘pasividad’ de los congresistas sobre las propuestas reformas hace temer que haya un propósito de dejar pasar el tiempo y se llegue el momento de que cualquier enmienda estuviera fuera del tiempo propio de aplicación eficaz para las próximas consultas electorales, de febrero y mayo del 2024.
Con las reformas propuestas se trata de establecer claramente temas como el transfugismo partidario, los orígenes y gastos de los fondos de campaña, plazos de las campañas, las primarias, las escogencias de directivas de los partidos, etc.
Votada en 2018 como “la ley posible’, a decir de los propios legisladores, la Ley de Partidos ha adolecido de contradicciones con la Constitución, que ha provocado que el Tribunal Constitucional haya derogado artículos de la misma, mientras otras disposiciones han sido dificiles de aplicar por la desobediencia de partidos y políticos. La Ley Electoral tiene ‘choques’ con la Ley de Partidos que la torna dificil de aplicar en algunos aspectos.
Los legisladores, representantes de todos los partidos, se muestran poco ‘entusiasmados’ con reformas a las leyes electorales. Parecieran no están dispuestos a ‘afilar cuchillo para su garganta’, como dice el refranero propular.
“El país tiene la necesidad de un marco jurídico que garantice la ejecución en base a buenas prácticas y principios que aseguren la integridad electoral… no se trata de un mero antojo, sino la derivación lógica de una investigación, estudio y diagnóstico de ambas normas, ya que el objetivo es aplicar una reforma integral, clara, con garras, con controles, justa y paritaria, que fortalezca el sistema electoral y la democracia”.
La advertencia del presidente de la Junta no puede ser, entonces, más clara y contundente.
