Vigo, Galicia- Luego de una contemplativa visita al Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, el centro vanguardistas del arte en la peatonal vía del Príncipe y justo frente a la oficina local del Partido Popular, me vino a la mente la definición de democracia, el gobierno en el cual la soberanía descansa en el pueblo.
Tras varios minutos, me asaltó la duda si nuestro ejercicio democrático puede combatir su principal enemigo: la corrupción.
Hasta me pregunté por la necesidad de dos gobiernos en Puerto Rico, uno que atiende a 160 agencias para 2,4 millones de habitantes y otro más pequeño, con fuerza para controlar la inutilidad del primero, útil hacia el descontrol y traicionando la esencia democrática del voto.
La duda me vino luego de haber leído las noticias de la Junta de Supervisión Fiscal, de la ley federal Promesa, dictada por el Congreso de EEUU para controlar la quiebra fiscal del gobierno, y su dictamen de un contrato leonino otorgado por el gobierno a una empresa de importación de gas. La ordenó su renegociación.
Parecería claro la voracidad de algunos “partidos-gobiernos” que esconden tentaciones por contratos en las que igual se atisban inversiones políticas. Es igualmente claro la incompetencia de gobiernos en el desempeño de sus funciones pero no las tentaciones al peculado escondido de algunos.
Pero las tentaciones no son malas, pero si caer en ellas. Resulta inexplicable para el gobierno los señalamientos recientes de la Junta por contratos leoninos que enriquecen a empresas y empobrecen al pueblo.
En un intercambio posterior sobre el tema con un buen amigo, este me confiesa que al ritmo y en las cantidades en envoltorios de corrupción que desde hace décadas se están dando en Puerto Rico, a todos los niveles gubernamentales y en todo tipo de programas, es posible que hubiera que encontrar un tercer nivel jurisdiccional de supervisión fijando más poder colonial. Su fracaso descansa en los últimos gobiernos.
Sin embargo, la realidad es que estamos rodeados de países tan o más corruptos que el nuestro, incluyendo los EUA.
Desde el 1969 una seguidilla de funcionarios, legisladores, alcaldes y empresarios han sido convictos localmente por delitos de corrupción. Tan reciente como en las próximas semanas se declara culpable en la corte federal aquí la exgobernadora Wanda Vázquez por otra falta corrupta.
Al mirar fuera de San Juan, igual vemos otra seguidilla de funcionarios latinoamericanos involucrados en escandalosos casos de corrupción.
Hasta funcionarios del gobierno norteamericano, tanto electos como designados han sido convictos. Muy modernamente vemos abusos y discrimen con fuerza jerárquica desde Washington.
Pero todavía creo que sí, la democracia puede ser una herramienta efectiva para controlar la corrupción, pero no es una solución automática.
