La corrupción es uno de los delitos más complejos y dificiles de perseguir por el alto grado de intereses -políticos, económicos, emocionales- que lo conforman.
La investigación y judicialización de casos de corrupción están rodeados de escándalos, espectacularidades, conjeturas, percepción, pruebas, morbo, política, en el cual la influencia y presión mediática juega un papel influyente. Es un tema en que los protagonistas son los fiscales acusadores -en representación de la sociedad y el Estado-, los imputados -inocentes hasta que se les pruebe lo contrario- y los jueces, como terceros imparciales.
La cabeza del estamento persecutor del delito, la Procuraduría General –Mirian Germán Brito y Yeni Berenice Reynoso-, se ha convertido en blanco mediático de afectados y, en ‘razonamiento lógico’, de abogados contratados para la defensa y de políticos.
De ahí que se difundiera la versión de ‘serias desavenencias’ entre ambas funcionarias. Una, de características muy pausada, pensante, calmada. Otra, osada, fajadora, decidida. Ambas, sin embargo, con posiciones que se complementan en un mismo objetivo: la legalidad y la decisión de enfrentar el delito, con un alto grado de independencia.
Soy de los que cree que entre Mirian y Yeni no hay tal choque, sino diferencias propias en procedimientos sobre sus visiones en la lucha contra el delito. Tampoco creo que de alguno de sus despachos se haya ‘filtrado’ el documento sobre la investigación al Ministerio de Hacienda, como se ha querido decir para ‘enchinchar’ un pleito inexistente.
Tres conceptos que merecen todo mi respeto -Servio Tulio Castaños, Inés Aizpún y Cándido Simón- refuerzan mi convicción, y de muchos, de que las alegadas desavenencias es un mito.
