No hay forma de explicar a la sociedad que los legisladores nacionales, la dirigencia y el poder político, los poderes fácticos, hayan sido tan impúdicamente ‘incapaces’ de votar un proyecto tendente, por demás, a modernizar, actualizar, hacer realista un Código Penal que garantice un ejercicio más ajustado a una buena administración de justicia.
Una iniciativa que lleva unos 20 años dando vueltas en los hemiciclos, que aunque todos dicen es necesario, imperioso, hacen lo posible, y hasta lo imposible, para que no se materialice, con trabas y periquitos p… que se colocan cada vez en su camino.
Y uso la palabra ‘incapacidad’, porque no hay otra forma decente de calificarlo.
Las tres causales fué la justificación clandestina, de Presidentes y partidos, por temor a la crítica de unos u otros sectores de la sociedad en pugna por la norma propuesta. A esto se sumaron periquitos como las ‘garantías’ de derechos de homosexuales y lesbianas, el maltrato infantil, un rosario de enmniendas y adendums de último minuto, de parte de la Procuraduría y de organizaciones de presión, como Finjus, así como agresivas presiones de influyentes comunicadores y medios favorables, principalmente, con la despenalización del aborto.
Este penoso espectáculo de irresponsabilidad colectiva es una brutal burla al cumplimiento del deber que los legisladores y otros funcionarios juraron cumplir y hacer cumplir.
Este desparpajo nos muestra por qué no debemos escandalizarnos por nada, y digo NADA, de lo que sale de las cámaras legislativas y/o de los políticos y/o de los partidos que la representan, haciendo galas de aquel refrán de que ‘na’e na y to’e to’.
