Ineficiencia del Estado: Generador de violencia y delincuencia

Para que un gobierno –Estado– posea un desarrollo económico, necesariamente debe tener un servicio público eficiente, y la capacidad para administrar sin corrupción. En este análisis trataremos de demostrar científicamente, que el alto grado de ineficiencia del gobierno se está convirtiendo en el principal generador de violencia y delincuencia en el país.
En tal sentido, el pasado 16 de junio el periódico Listín Diario publicó un detallado trabajo de investigación relaborado por la periodista Yudelka Domínguez titulado, “CRISIS EN SERVICIOS PÚBLICOS”, que mereció un contundente editorial del prestigioso medio de prensa, bajo el título ”SERVICIOS PÚBLICOS EN TRANCE”, en el cual enumera una serie de funciones de instituciones estatales cuyos servicios están en peligro de colapsar.
Entre las quejas por la falta de eficiencia en los servicios públicos del gobierno se detallan al menos 11 servicios, que actualmente se han convertido en un verdadero caos para los ciudadanos, quienes diariamente se quejan del desorden imperante en los mismos.
Entre los cuales podemos destacar: Sistema de Emergencia 9-1-1, Inglés por Inmersión; la crisis en la Dirección General de Pasaportes; la Atención del Libre Acceso a la Información Pública; el Programa de Ayuda Gubernamental “Supérate”; la crisis de apagones de energía eléctrica y su consabida alza de las facturas del servicio energético; la ejecución de obras por el Ministerio de Obras Públicas, la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA); el descuido de las “áreas protegidas” por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales; los esfuerzos fallidos en los diferentes programas para contrarrestar la inseguridad ciudadana y la caída del servicio de agua potable, entre otros.
En este contexto, estos tipos de crisis en los servicios públicos tienen un impacto significativo en la ciudadanía, la cual se ve afectada en sus labores de su vida diaria, en su salud, economía y su seguridad, en fin, afecta directamente su calidad de vida; provocando la erosión de la confianza en las instituciones del Estado y un peligroso descontento entre la población insatisfecha.
Esta clara ineficiencia de administración en las diferentes dependencias del Estado constituye en sí misma, un generador de violencia y delincuencia, los cuales pasan generalmente desapercibidos por la mayoría de los funcionarios públicos.
A manera de ilustración, basaré mis argumentos en los estudios científicos realizados por el reconocido sociólogo y matemático noruego Johan Galtung, quien diseñó el famoso “Triángulo de la Violencia”, en la que describe 3 tipos de generadores de violencia y delincuencia, siendo éstas: la violencia directa, violencia cultural y la violencia estructural; siendo esta última, el tipo de violencia y delincuencia que es generada desde el propio Estado, por su ineficiencia.
En tal sentido, Galtung, se refiere a la VIOLENCIA ESTRUCTURAL a la manera en que las estructuras sociales, económicas y políticas de una sociedad pueden generar y perturbar la violencia de manera sistemática, llegando a provocar sufrimiento y privaciones a gran escala.
El sociólogo argumenta, que la “violencia estructural” surge, cuando el Estado no satisface las necesidades básicas de la población, agudizadas por las desigualdades sociales y discapacidades de sus estructuras administradas, por aquellos que gobiernan.
Desigualdades que pueden manifestarse por fallas en la distribución de los recursos, acceso a los servicios básicos, las oportunidades económicas, la representación política y la toma de decisiones. También vienen dadas por incapacidad de los gobernantes, como resultado de políticas y prácticas institucionales que perpetúan la exclusión, la marginación y discriminación sistemática de ciertos grupos, provocando altos niveles de pobreza, discriminación de clases sociales y sistemas políticos que limitan a sus militantes, lo que indudablemente pueden restringir sus oportunidades de desarrollo, la reducción del acceso a recursos vitales y, por ende, socavar sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución.
Como podemos observar, la ineficiencia del Estado puede tener diversas consecuencias negativas. A continuación, detallaré algunas de estas manifestaciones:
1.- Desigualdad y exclusión social: cuando el Estado no logra abordar de manera efectiva las desigualdades sociales y la exclusión, se generan tensiones y conflictos que pueden manifestarse en actos de violencia. La falta de oportunidades económicas, educativas y de acceso a servicios básicos pueden llevar a la marginación de ciertos grupos de la sociedad, lo que, a su vez, puede alimentar la delincuencia
2.- Servicios públicos indignos: la ineficiencia del Estado puede manifestarse en la falta de un suministro apropiado de servicios públicos, como educación, salud, vivienda y empleo. Cuando las necesidades básicas de la población no son satisfechas, puede aumentar la desesperación y la vulnerabilidad de las personas, lo que puede llevar a la participación en actividades delictivas, como una forma desesperada de llamar la atención.
3.- Dificultades habituales: los ciudadanos pueden sufrir interrupciones en servicios esenciales, como electricidad, agua, recolección de basura o transporte público, causando inconvenientes relevantes en la vida diaria, dificultando las tareas básicas y generando frustración.
4.- Impacto en la calidad de vida: cuando fallan los servicios públicos pueden afectar negativamente la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, una crisis en el suministro de agua puede afectar la higiene personal, la preparación de alimentos y la limpieza del hogar.
5.- Afección en salud y seguridad: las crisis en los servicios públicos pueden tener consecuencias directas en la seguridad y salud de las personas, pues los apagones prolongados pueden afectar centros de salud, poniendo en peligro la vida de las personas. Además, la falta de iluminación en las calles puede aumentar los riesgos de la seguridad en las comunidades.
6.- Problemas económicos: las crisis en el servicio público pueden tener efectos económicos negativos, por ejemplo, los apagones pueden afectar la producción y el funcionamiento de las empresas, causando pérdidas económicas y reducción de empleos; problemas en el transporte público, dificultando el desplazamiento de los trabajadores, afectando la puntualidad y la productividad laboral.
7.- Descontento y desconfianza en las instituciones: cuando los servicios públicos entran en crisis, pueden generar descontento y desconfianza en las autoridades e instituciones responsables, provocando en la ciudadanía una sensación de ira y desamparo porque no se está gestionando adecuadamente la crisis.
8.- Inseguridad ciudadana: cuando el Estado no puede garantizar la seguridad de sus ciudadanos y no es capaz de hacer cumplir la ley con efectividad, se genera un vacío de autoridad que puede ser aprovechado por bandas criminales, las cuales pueden llevar al incremento de la delincuencia, ya que los delincuentes se sienten más libres para actuar sin temor a ser capturados o castigados
En tal sentido, es importante señalar que la relación entre la ineficiencia del Estado y la generación de violencia y delincuencia es compleja y multifactorial, por lo que es evidente, que el gobierno con su ineficiencia e incapacidad gerencial está contribuyendo a la creación de un entorno propicio para la violencia y delincuencia y, a tal efecto, será el principal responsable de las manifestaciones de protestas, huelgas e incremento de actos vandálicos.
Finalmente, la responsabilidad del estado es de gobernar y de proveer a los ciudadanos las necesidades básicas para que un ciudadano pueda vivir con dignidad y justicia, por lo que resulta imperioso, y a modo de una humilde sugerencia, para abordar este problema, se requiere que las autoridades den un enfoque integral que incluya medidas para fortalecer las instituciones, reducir la desigualdad y mejorar la calidad de vida de las diferentes estructuras sociales; que tomen medidas rápidas y efectivas para resolver las múltiples crisis y restaurar los servicios públicos de forma adecuada, evitando de esta manera, conflictos sociales de imprevisibles consecuencias.