La discusión sobre los temas institucionales, en un escenario de respeto y en procura de analizar vertientes encontradas, ganar experiencias para decidir en consecuencia, fortalece el ejercicio de libertad y apuntalan la democracia.
El ala perversa de las redes sociales se ha gozado en críticas, de todos los lados, sobre la discusión entre la jueza Cecilia Inmaculada Badía y la Procuradora General, Mirian Germán, en relación al tema la despenalización aborto, ampliamente debatido por la sociedad en los últimos seis años.
El lance de marras se produjo durante las entrevistas a los candidatos a juez del Tribunal Constitucional que realiza el Consejo Nacional de la Magistratura, en un escenario donde este tipo de discusiones debe producirse, como ejercicio correcto sobre temas trascendentes que afectan, de una forma u otra, a la sociedad.
Lo penoso es que este tema haya vuelto a la palestra pública a causa de la irresponsabilidad de nuestro sistema legislativo, que ha sido incapaz de asumir su obligación de decidir sobre los temas de trascendencia. Las Cámaras Legislativas tienen frenado la aplicación de un nuevo Código Penal dado las observaciones relativas al aborto, con sugerencias relativas al tema de las ya famosas ‘tres causales’.
Los legisladores, en una nueva y absoluta negación de sus responsabilidades, han manejado el caso dando vueltas, de comisiones en comisiones, de gavetas en gavetas, en una burla a la sociedad por temor a que de asumir posiciones, unos y otros recibirían críticas de una sociedad dividida sobre este espinoso tema. No pocos de nuestros diputados y senadores, entienden su decisión pudiera ‘afectarles’ en el proceso electoral a que estamos abocados. Un temor que pagan con irresponsabilidad.
