Al tiempo de la incertidumbre que se posa sobre el alto el fuego en Gaza igual de incierto es el tiempo del fin del dictamen de la Corte Internacional de Justicia sobre el delito de Genocidio que se imputa a Israel.
Estimados oficiales indican que en los dos años de la guerra unos 65,000 gazatíes han fallecido con motivo de la operación militar que ha pulverizado Gaza. Su inicio se desata tras un ataque de Hamás a Israel en octubre de 2023 que produjo la muerte y el secuestro de israelíes. Ello como secuela de conflictos no resueltos entre israelíes y gazatíes que se remontan al siglo XX.
El genocidio está considerado como el epítome de la maldad humana, el crimen de los crímenes.
Organismos internacionales estiman que entre 1956 y 2016 se han producido unos 43 genocidios causando 50 millones de muertes. Pero otros 50 millones habían sido desplazados por episodios de violencia hasta 2008.
El término genocidio se instituye en 1944 tras las atrocidades que los nazis ocasionaron a los judíos en Polonia y adoptado por Naciones Unidas como criterio para determinar la intención genocida y a su vez del delito más cruel de la humanidad.
En derecho sustantivo cualquier delito se codifica por su intención seguido de sus elementos.
Estos son los elementos de este horrendo crimen: asesinatos en masa, infligir daños corporales o mentales graves a los miembros del grupo, deterioro deliberado de las condiciones de vida con el fin de provocar la destrucción del grupo, medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo, como la promoción del aborto y la imposición de cargas a las mujeres embarazadas, el traslado forzoso de niños a familias del causante del genocidio.
Es por estos elementos que aún cuando aborrecible la destrucción de la franja de Gaza y las masivas muertes ocasionadas por venganza israelí en esta operación militar que dura dos años posiblemente no cumple con todos los elementos para dictamen final por la Corte Internacional de Justicia.
Unos 14 países, encabezados por Australia, apoyan el enjuiciamiento por genocidio contra Israel en un pleito radicado en diciembre de 2023. Entre estos Nicaragua, Bélgica, Irlanda, Colombia, Libia, Egipto, Cuba, Mexico, Palestina, España. Turquía, Chile, Maldivas y Bolivia.
El caso fue presentado con respecto a la conducta de Israel resultando en una crisis humanitaria y asesinatos en masa.
Sudáfrica alegó que Israel había y continua incurriendo en genocidio masivo con 75 años de segregación, 56 años de ocupación y 16 años de bloqueo de la franja.
El tribunal dictaminó que los actos de Israel pudieran infringir los derechos y emitió medidas provisionales entre ellas prevenir cualquier acto contrario al Genocidio pero no ordenó la suspensión de la campaña militar.
Algunos académicos jurídicos señalan que la solicitud de Sudáfrica de medidas provisionales contra Israel no exige que se determine si Israel realmente perpetró genocidio, sino que se determine que es plausible que se hayan violado los derechos palestinos.
Tras la presentación de los cargos, el Israel rechazó las acusaciones con indignación, afirmando que Israel actúa conforme al derecho internacional y centra sus acciones militares exclusivamente contra Hamás, y que los residentes de Gaza no son el enemigo. Agregó que toma medidas para minimizar los daños a la población civil y permitir la entrada de ayuda humanitaria al territorio.
Igualmente acusó a Sudáfrica de “cooperar con una organización terrorista que pide “la destrucción del Estado de Israel” y de calificar las acciones de Sudáfrica de libelo.
Un portavoz del gobierno israelí afirmó posteriormente que “la historia juzgará a Sudáfrica por ser cómplice de los herederos modernos de los nazis”.
La corte ha emitido sentencias de medidas provisionales pero una sentencia definitiva sobre el caso podría tardar años.
Lo propio es esperar por la sentencia de la Corte Internacional de Justicia tanto como contener la angustia por las atrocidades de Israel en Gaza.
