La ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) ha causado un ‘ruido’ innecesario que pone sobre el tapete, nueva vez, la irresponsabilidad y desverguenza de nuestra clase política.
El marco de la ley parece tener sentido: la unificación de los diferentes organismos de inteligencia y seguridad del Estado bajo una sombrilla, el DNI, en busca de mejores resultados en la lucha sobre delitos internacionales, como el terrorismo, los ciber-delitos, etc.
Pero ¿porqué meterle a la ley articulados de ‘contrabando’ que otorgan poderes que sobrepasan las garantías a los derechos del ciudadano que establece la Constitución? Articulados que crean zonas grises, que dejan espacios a la interpretación y decisión que quienes dirijen y/o controlen ese super poder: el Gobierno.
El proyecto fue sometido por el Gobierno y promulgado por el Presidente, fue aprobado por los legisladores de todos los partidos, oficialistas y de oposición. Entonces ¿Cómo tienen el tupé Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo, la cúpula del PLD de hablar de amenazas a los derechos y las libertades? ¿De qué garantías e ‘hipocrecías’ nos habla Abinader?
El alerta de la prensa responsable -no de vocingleros políticos oficialistas y/o opositores enquistados en los medios-, de la generalidad de los juristas constitucionalistas y un amplio sector de la sociedad, hace válida la pregunta ¿Porqué y para qué aprobar en una ley aspectos que nos retrotraen a la dictadura, al caliesaje, a la autocensura?
La clase política le ha fallado nuevamente a la sociedad.
Lo menos que puede hacer el Presidente es asumir la responsabilidad por su error y someter un proyecto de enmienda a esa ley, y los legisladores por lo menos leerlo, ser ‘responsables’, si eso es posible, y aprobarlo para enmendar el entuerto.
