Lo he dicho otras veces: las elecciones del mes de febrero deben ser eliminadas en un futuro cercano, para unificarlas con las elecciones de mayo. Debemos tener, como en la mayoría de los países, unas elecciones unificadas; congresuales, municipales y presidenciales.
Dos elecciones en un mismo año es una incongruencia. Tampoco debemos volver a elecciones cada dos años, como en el pasado reciente. La democracia dominicana es demasiado costosa. Hay que repensarla para hacerla más económica, participativa y plural, creando una ley de partidos y movimientos políticos que abarate los costos, no que los eleve como sucede en la actualidad.
Precisamos de una legislación electoral acorde con los tiempos. En la mayoría de los países latinoamericanos se ha avanzado mucho en esa materia. ¿Por qué en la República Dominicana, que tiene tantos años sin interrupciones democráticas no se termina por aprobar una buena ley electoral que obligue a los dirigentes políticos a su fiel cumplimiento, con graves consecuencias para quienes la desconozcan?
Desde el golpe de Estado de 1963, la revuelta de abril del 65 y la instauración del régimen del doctor Joaquín Balaguer, en nuestro país, a pesar de las constantes denuncias de fraudes electorales, de robo de la voluntad popular, no han dejado de celebrarse elecciones; los golpes de Estado han desaparecido. Sin embargo, no hemos tenido una buena ley electoral. La responsabilidad ha sido de los “líderes” y de los “caudillos” que siempre quieren imponer sus decisiones a partir de sus propios intereses, no del sistema democrático.
La nuestra tiene que ser una de las democracias más caras del mundo. Su costo no parece tener no límites. ¡Hay que ponerles un freno a los gastos de las campañas electorales en el país!
Me pregunto, ¿dónde está el sentido democrático, plural y participativo de la escogencia de candidatos a elección popular mediante el método de encuestas, manipulables por demás, que no siempre reflejan la realidad? ¿A quién se le ocurrió semejante disparate que sólo le han generado problemas tanto a los partidos como a la propia Junta Central Electoral como al Tribunal Superior Electoral?
La legislación en materia electoral tiene, pues, que ser modificada radicalmente. Revisar algunos temas constitucionales. No sería ocioso, incluso, revisar la propia Constitución de la República y hacerla cónsona con los nuevos tiempos, eliminando privilegios para hacerla más participativa y por lo tanto más democrática.
Hay que eliminar los privilegios de senadores y diputados, de alcaldes y regidores, de los propios presidentes de la República. Nada de exoneraciones, de barrilitos, cofrecitos y otras prebendas. Hay que analizar el financiamiento de los partidos políticos; así como su existencia, con el único propósito de hacer negocios durante cada proceso electoral.
El 50 más uno también tiene que ser sometido a revisión. Insisto en que si la distancia entre el primer lugar y el segundo lugar es mayor del 10% no sea necesario el balotaje. (Por ejemplo: si la diferencia entre Luís Abinader y Leonel Fernández supera el 10% no haya que hacer una costosa segunda vuelta. En caso contrario, por igual)
De igual forma me pregunto, sin ánimo de ofender ni de maltratar a nadie en particular, ¿cuáles son los aportes concretos, tangibles, visibles, de los diputados del exterior y de los del PARLACEN? ¿Puede alguien decirme?
Espero que la sociedad política reflexione sobre estos y otros puntos de nuestra legislación electoral, despojada de prejuicios y de intereses mezquinos que no hacen más que perjudicar al propio sistema, y, por ende, a la democracia que tanto decimos proteger y defender.
