Como es costumbre y dando cumplimiento a la ley, el Gobierno envió al Congreso este mes de octubre el proyecto del Presupuesto para el año 2024, el cuarto y último del actual periodo constitucional.
Entiendo que hay un punto que debe ser resaltado antes de hacer cualquier análisis de las tendencias presupuestarias de este Gobierno: Hay que remontarse a la década de 1980 para encontrar otro periodo en que un Gobierno haya enfrentado más choques externos: El COVID, el aumento global de los precios de la energía y los alimentos, la inflación internacional, el incremento del precio de los fletes, la subida de las tasas de interés, la desaceleración económica mundial y, para rematar, una crisis política con Haití.
Esto es apenas un listado parcial de los retos que se han enfrentado en este cuatrienio y que todos se reflejan de una u otra manera en las finanzas públicas.
Habiendo dicho esto, el Presupuesto presenta un déficit de 3.1% del PIB para el año próximo, lo cual implica un aumento de la deuda pública a 47% del PIB. Este déficit es compatible con la estabilidad macroeconómica y se puede decir que es un resultado razonable dado el contexto internacional. Lo que debe estar claro es que con un crecimiento de la economía cercano al 5%, un déficit de esta magnitud no coloca la deuda pública en una trayectoria descendente.
Es evidente que los problemas estructurales de las finanzas públicas se van agravando:
– La inversión pública se presupuesta en 2.1% del PIB, el monto más bajo desde los años 80 del siglo pasado. Aún con un aumento de la eficiencia de 17% (como argumentan algunos
funcionarios), la inversión efectivamente ejecutada en estos cuatro años será la menor en un cuatrienio en más de tres décadas.
– Por cuarto año consecutivo, los Ingresos Totales del Gobierno no alcanzan para cubrir los Gastos Corrientes.
– Dos partidas se llevan el 50% de los Ingresos Totales: Intereses + Educación.
– Cuando se consideran los pagos del Gobierno para la recapitalización del Banco Central, la partida de intereses llega a 4% del PIB, el mismo monto que Educación.
– Para el sector eléctrico hay contemplados RD $86,000 millones de subsidios. Pero esto es solo para cubrir el déficit corriente. Casi no hay monto asignado para inversión de las empresas
distribuidoras de electricidad en el Presupuesto 2024.
En este último punto se ha creado cierta confusión en la opinión pública, ya que se ha interpretado que el Gobierno dispondrá de US$ 570 millones para invertir el próximo año. La realidad es que
prácticamente no se considera inversión en el sector para el próximo año. La confusión viene dada por el artículo 70 del Presupuesto, en el cual se autoriza la contratación de los
préstamos externos. Pero, precisamente esto es solo una autorización, sin la cual el Ministerio de Hacienda no puede iniciar el proceso de contratación y posterior remisión de los préstamos al Congreso.
Pero otra cosa es el desembolso de estos préstamos, los que solo se pueden realizar si estos se presupuestan en los ejercicios fiscales anuales. Y muchos de estos préstamos para los que se solicita autorización, no tienen desembolsos presupuestados en el año 2024. Como ejemplo está el caso de los créditos mencionados para el sector eléctrico.
En total, se pide autorización para 49 préstamos externos por un monto de US $7,200 millones. La inquietud que surge es por qué poner tantos préstamos si no hay forma de ejecutarlos, no solo en un año sino en el futuro cercano, tal vez ni siquiera en los próximos diez años, dada la fuerte restricción presupuestaria que enfrenta el Gobierno.
En otro orden, el Presupuesto 2024 mantiene las medidas tributarias y de gasto dispuestas en Presupuestos anteriores, como el no ajuste por inflación tramos ISR personal, la suspensión a la exoneración para la importación de maquinarias de juegos de azar, la contribución al GLP, el cobro de 2 pesos por galón de gasolina y gasoil que sea realizado por DGA, que el impuesto por constitución de sociedades se pague conjuntamente con el ISR y los ajustes a recursos asignados por Leyes Especiales.
Al final, aunque parezca difícil de entender, analizar las implicaciones macroeconómicas de un proyecto de miles de páginas es relativamente fácil: el déficit es razonable (pero para lograrlo hay que desplomar la inversión pública), la deuda sigue aumentando, los ingresos fiscales no dan para el nivel de gasto que exige la sociedad, las mejoras de eficiencia y la lucha contra el dispendio no resuelven un déficit fiscal estructural. Sencillo.
