La campaña electoral ha despertado un celo excesivo, pocas veces visto, por los “derechos fundamentales” de los ciudadanos, la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional y la propia Constitución de la República, que se aplica y se interpreta según los intereses de los grupos políticos, económicos y sociales.
Los “constitucionalistas”, que últimamente han crecido como la verdolaga, no se ponen de acuerdo sobre su aplicación, pues cada uno tiene una visión distinta a pesar de que el texto es único. No hay dos, ni tres Constituciones, sólo existe una, que no puede ser modificada ni cambiada antojadizamente, salvo como ella misma lo establece.
En este país existen, además de un amplio sistema de justicia, que abarca el Ministerio Público, dos modelos penitenciarios, tribunales regulares y Alta Cortes, todas las leyes imaginables. Sin embargo, no funcionan de manera en que lo establecen las leyes, incluyendo la Constitución política de donde se desprende -según la norma- un Estado democrático de derechos.
La justicia dominicana es infusionar, lenta, costosa y clasista, pues solo es útil para los dueños del país, que nuca o rara vez pagan las consecuencias de sus crímenes y delitos. Los desheredados de la fortuna son los que abarrotan las cárceles, en más de un 60% de manera preventiva. Pero cuando un político corrupto o un poderoso, por la acusación de algún delito es enviado a prisión, se desatan los demonios en los medios de comunicación hasta obtener su libertad.
Me pregunto, ¿no atenta conta la dignidad, intimidad y buen nombre cuando un periodista o comunicador o comunicadora, sin autorización de ninguna autoridad judicial o policial llama a un hogar familiar, empresa u oficina, graba la conversación y luego la difunde a través de un programa de televisión, de radio o en las redes sociales sin ninguna consecuencia? ¿No es eso ilegal? ¿Por qué no se quedan los defensores de los derechos ciudadanos? ¡Carajo!
¿Quién protege al ciudadano cuando alguien, a través de la Internet, lo acusa de ladrón, narcotraficante, corrupto, asesino, proxeneta, pervertido, etc., sin ninguna prueba, física o verbal que lo sustente? ¿Acaso no es ilegal? ¿Por qué los abogados constitucionalistas no dicen nada sobre el particular?
¿Quién defiende a la sociedad de los promotores, a través de las redes sociales, de la obscenidad, morbosidad, maledicencia, vulgaridad y la falta de respeto a la intimidad, la privacidad y el buen nombre de los ciudadanos? ¿Dónde están los defensores de los derechos humanos, de la Constitución y las leyes? ¿Por qué callan?
Aquí hay personas, todas muy conocidas, dedicadas a la intercepción y grabación de teléfonos móviles, oficinas, públicas y privadas, de hogares, para “investigaciones” privadas que luego se utilizan para la extorsión y el chantaje. ¿Quién defiende a los afectados?
En este país hay “influencer”, enganchados a “periodistas” y “comunicadores”, que por un “Like” o un “View”, matan mora y políticamente, sin importar el daño que le producen a los demás. Difaman hasta al presidente de la República, que está protegido por la Ley. ¡No hay límites para la difamación y la injuria, porque no hay consecuencias! ¡Es lo que ocurre con el transporte público, que los conductores hacen lo que les da la gana porque no hay un régimen de consecuencias para los violadores de las leyes!
Extorsionadores y chantajistas han convertido las redes sociales en letrinas donde defecan impunemente contra políticos, funcionarios, empresarios y periodistas y artistas, etc., sin ninguna consecuencia.
He dicho, y reitero, que las redes sociales tienen que ser reguladas, como en muchos otros países, para impedir la promoción de mentiras, falsedades, extorsión y chantaje. El Congreso debe legislar al respeto, aunque luego aparezcan los defensores de la libertad de expresión y difusión del pensamiento alegando violación de la Constitución.
Me abruma y preocupa ver cómo la gente escucha y hace suyos merengues típicos como “Mariela”, “hazme como el perro bebe agua”, “mi bigote huele a ti”, por “el chiquito”, entre otros temas de doble sentido obsceno. Y eso no es nada comparado con lo que “cantan” los llamados “Urbanos” o Reguetoneros. Ahí es que la pintura es dura, invitando a los jóvenes al consumo de estupefacientes, a la violencia y al irrespeto hacia los adultos, incluyendo los padres.
No he escuchado a ningún dirigente político, tanto del gobierno como de la oposición, referirse al tema, someter un proyecto de ley de regulación del uso de las redes sociales, a pesar del daño que le están haciendo a la sociedad, degradando el arte y la cultura.
Todos, políticos, funcionarios, abogados, dirigentes culturales, de asociaciones sin fines de lucro, religiosos, etc., no se refieren, ni de soslayo, al tema de las redes y su influencia en una sociedad enferma como la nuestra que requiere, urgentemente, de una profilaxis estructural antes de que se destruya a sí misma.
Reitero, finalmente, que el Congreso debe legislar sobre el uso que se le está dando a las redes sociales para proteger y salvaguardar los derechos de las personas consagrados en la Constitución de la República. ¡Urge! La degradación política y cultural ha llegado demasiado lejos.
