Disponer el nombramiento y/o el despido o ‘desvinculación’ -como se le dice ahora- de un funcionario de la administración pública, es una decisión y acción pura, simple y directa del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, apoyado en el poder que le otorga el artículo 128 de la Constitución.
En el sentir de la gente, generalmente los cambios de funcionarios en el tren gubernativo son vistos como positivos y hasta los reclaman. Y es que cuando se hacen remociones de funcionarios, se da la sensación de que la misma conlleva a la corrección de malas prácticas y/o en favor de la implementación de nuevas políticas y/o de ‘frescura’ para el afianzamiento y seguimiento de buena gestión.
Es común que la gente etiquete de ‘buenos’ o ‘malos’ a los funcionarios públicos. Y en ese sentir, hacen sus evaluaciones, sus expectativas.
Aunque hay situaciones que tipifican, sin embargo, determinadas destituciones: unas cuando se producen en medio de algún escándalo, denuncias públicas, críticas asentadas; otra cuando se realiza por cumplir algún ‘compromiso’ y/o por la ‘necesidad’ de llevar a una determinada persona a una posición, para consolidar una gestión o para enmendar la sustituida y/o hasta para complacer el morbos
Con ese escenario de marco, el presidente Luis Abinader ha realizado en las últimas semanas varios nombramientos, rotaciones, destituciones de miembros de su equipo de colaboradores en las diferentes dependencias públicas. Y ha dicho que aún hay otros pendientes de ejecutar.
En estos cambios realizados se han tipificado posibles ‘motivaciones’ como las antes anotadas, como para que cada cual tenga de donde escoger o ‘tela de donde cortar’, como dice el refranero popular.
