El dominicano es un régimen presidencialista ya que, aunque regido por un sistema institucional de separación de los poderes, el presidente, el poder ejecutivo, el jefe del Estado controla todo el aparato oficial del Estado, y más allá. Esto ha funcionado y aceptado por la sociedad e incluso por los denominados ‘poderes fácticos’.
Y cuando ese poder lo acumula un presidente popular y abierto, su radio de acción se multiplica.
Este preámbulo es, simplemente, un modo de expresar el descreimiento que me provocó la versión de que el presidente Luis Abinader estaba enfrentando ‘fuertes presiones’, internas y externas de su gobierno, sobre su conocido propósito de nominar a Yeni Berenice Reynoso como titular de la Procuraduría General de la República, como ocurrió y, por demás, aceptado por unanimidad del pleno del Consejo Nacional de la Magistratura.
Con el nombramiento de Yeni Berenice Reynoso -decisión altamente aplaudido por la sociedad nacional-, el presidente Abinader logró cumplir una de sus metas en torno la operatividad del Ministerio Público, ofertada en campaña y avanzado con la reforma a la Constitución del año pasado.
Se trata de establecer, asimismo, que la ‘primera oleada’ de cambios de funcionarios, que incluyeron posiciones blanco de críticas -los ministerios de Educación y Obras Públicas-, se produjeron por alegadas ‘presiones’.
‘Presiones’ populares que cambiaron el curso de procesos fueron las manifestaciones públicas frente al Congreso contra las pretensiones de Danilo Medina de modificar la Constitución para tratar de repostularse, o cuando el proyecto de reforma fiscal, que el presidente Abinader admitió que retiró por una reacción popular adversa.
Lo de las ‘preesiones’ en los casos de Yeni Berenice y de los cambios de funcionarios, no los compro.
