La consolidación de la democracia, expresada en las luchas cotidianas de los partidos y los procesos electorales, tienen su punto culminante cada cuatro años, cuando la población va a las urnas.
El árbitro del proceso, designado por la Constitución, el tercero imparcial, es la Junta Central Electoral, organismo que los partidos y la sociedad reconocen como legítimo para establecer las reglas de juego, apegado a la Ley.
Y eso, precisamente, es lo que ha hecho la Junta en sus resoluciones de este mes sobre las normas de la campaña, en lo relativo a las manifestaciones públicas, en este período hacia las primarias de octubre.
Un grupo de partidos ha cuestionado esas normas, que todos han violentado, en un público desafío a la ley y la autoridad de la Junta.
A la queja formal –mecanismo legal- de varios partidos sobre la resolución, la Junta respondió enmendando, aceptando, que no puede retener los fondos públicos que reciben las organizaciones políticas reconocidas, pero ratificando, al mismo tiempo, la prohibición de mítines, caravanas, vallas, disco-lights, durante este período de precampaña, hacia las primarias.
La falta de consecuencias cuando los partidos desafiaron una resolución similar, hace unos meses, ha envalentonado a los desafiantes de ahora. “Esas lluvias traen estos lodos”, diría el refranero popular.
¿A dónde nos llevará este pulseo? Creo que si la Junta no impone ahora su autoridad, ‘afecte’ a quien ‘afecte’, se coloca en el riesgo de tener que actuar en momentos tensos, cuando las medidas frente a eventuales rebeldías y desconocimientos del proceso, sean imprescindibles para salvar el voto expresado por la población, la institucionalidad y hasta la misma democracia.
