El psicólogo César Zapata -hace unos meses- y el psiquiatra Luis Ortega -la semana pasada- coinciden, en entrevistas periodísticas que les hiciera por separado, en el serio problema que representa en el país los trastornos de la conducta, y problemas mentales más profundos, que acusa a un alto porcentaje de nuestros jóvenes.
Los trastornos de salud mental son complejos, difíciles. Dos puntos son relevantes: la detección a tiempo, buscar ayuda profesional y el seguimiento; el otro es el altísimo costo.
La generalidad de los psiquiatras y psicólogos no toman seguros médicos, pero, asimismo, los seguros generalmente no cubren honorarios, ni los estudios necesarios para el diagnóstico, ni los medicamentos imprescindibles. Y cualquiera -las consultas, los estudios y los medicamentos- son extremada, pero extremadamente caros, inaccesibles para cualquier familia de clase pobre o media. Barreras para lograr ayuda profesional a tiempo.
Los centros CAID son apenas uno de los servicios públicos que ayudan a enfrentar algunos de los problemas de la salud mental en su primera etapa, acción que se circunscribe a niños hasta los 12 años, con trastornos del espectro autista, parálisis cerebral y síndrome de Down.
El presidente Abinader dijo este lunes en su encuentro La Semanal, a propósito de la tragedia de la semana pasada en el sector Naco, que “es un tema muy complejo… no es solamente la política del gobierno… es también la atención de la familia… si, se debe hacer más… es un tema universal, que en algún momento tiene que revisarse…”
Mientras, el periodista Fernando Quiroz sigue clamando a viva voz que se aplique la ley, de 2023, sobre políticas de atención, protección e inclusión de personas con estos trastornos.
