Todos los sectores de la sociedad dominicana -empresarios, comerciantes, políticos, la población, etc- coinciden en la necesidad de hacer reformas que reordenen los procesos de la economía, a partir del manejo de ingresos y gastos que administra el gobierno central.
Se reconoce que es serio el endeudamiento externo que aumenta anualmente por el déficit en el presupuesto -el 3,1 por ciento del PIB, o sea unos 280 mil millones de pesos en el 2024-, se establece muy reducido el monto destinado al gasto de inversión pública en presupuesto -aproximadamente el 13 por ciento-, se asume alarmante la alta la evasión en el pago de los impuestos -entre el 46 y el 52 por ciento en el ISR y el ITEBIS-, se considera necesario sincerar y revaluar los incentivos y subsidios a diferente sectores, se sabe de la falta real de austeridad gubernamental y del robo de los recursos públicos, los groseros e incuantificables recursos que se diluyen en la corrupción.
El Gobierno ha puesto en discusión de las cámaras legislativas, un proyecto para tratar de recaudar apenas menos de la mitad del déficit presupuestario, para enmendar algunas de estas distorsiones.
Ha manifestado decisiones –no han dicho cómo, pero lo han manifestado- para combatir la evasión, la corrupción y reducir el alto gasto en la Administración. Que está abierto a la discusión, al diálogo, a los acuerdos, a enmendar lo propuesto, si es necesario. ¿Qué otras propuestas hay? No podemos mantener las distorsiones actuales, esperando que naufrague el barco.
Nadie quiere pagar más impuestos. Pero si no actuamos ahora, dejando de lado la demagogia y el oportunismo, la solución a la crisis que se ve venir, será mucho peor, más dura, más cara.
