El Estado haitiano ha muerto, su cadáver yace en medio de la Asamblea de las Naciones Unidas. Los países fingen no verlo y nadie se atreve a llamar al médico legista para que certifique su muerte, pues todos saben que después de la defunción viene la autopsia, las investigaciones, las responsabilidades… en definitiva, muchas verdades incómodas.
La República Francesa es la principal responsable del crimen, si Zola estuviera vivo, el “J´accuse” fuera otra vez hacia ella; por detrás viene Estados Unidos, que por cuestiones de geopolítica intervino cuantas veces lo entendió necesario sin medir consecuencias; los europeos, que pretenden replicar a fuerza de euros sus instituciones y sistemas; en Haití, culpables hay muchos, desde la más funesta oligarquía empresarial del continente hasta la más cleptócrata, inútil e incompetente clase política; de este lado están los políticos, empresarios y militares que han sido actores y cómplices de todos ellos, mientras se beneficiaban económicamente negociando con la desgracia de un pueblo.
Para República Dominicana el problema no es Haití, sino su vecindad; en los hechos, estamos atados a un cadáver. Los gobiernos de las últimas décadas no actuaron de manera contundente y dieron largas y rodeos al momento de ejecutar acciones que contuvieran la estampida. Hoy cosechamos toda esa irresponsabilidad e indiferencia y quizás sea tarde, pues al final no hubo fusión ni invasión… hay ocupación, pura y simple.
Luis Abinader ha sido la incómoda voz que, en todos los escenarios internacionales, ha alertado sobre la catástrofe inminente, a la vez que ha dicho que “No hay, ni habrá jamás, una solución dominicana a la crisis de Haití” … y siempre obtiene la callada por respuesta. El gobierno ha sido firme tomando medidas trascendentes (el muro) e incrementado el ritmo de deportaciones, pero, en los hechos, frente a la diaria y abrumadora entrada de inmigrantes ilegales, son más los que entran que los que salen, aritmética funesta que exige medidas drásticas.
Vivimos de exportaciones, servicios y turismo, etc., y cumplir la Ley General de Migración No. 285-04 y deportar a cualquier inmigrante que esté en nuestro territorio en condiciones de ilegalidad es un desafío, pues un solo caso mal gestionado adentro (y bien mercadeado hacia afuera), puede generar un efecto contraproducente, pero esto no puede constituirse en un chantaje permanente para no ejercer nuestra soberanía, ni mucho menos para no aplicar el artículo 132 de la ley, e imponer multas a los empleadores que contraten a extranjeros ilegales… y que quiebre quien tenga que quebrar.
El momento no exige titubeos, ningún beneficio que podamos perder por hacer cumplir la ley es superior a perder la patria por no cumplirla.
(Publicado en Listin Diario, 08 de junio de 2023)
