Redacción HoraxHora
“Durante el período de la precampaña, las instituciones públicas del Estado y sus incumbentes deberán abstenerse de utilizar, bajo cualquier modalidad en la publicidad de dichas instituciones, elementos propagandísticos de tipo político o que entrañen lo promoción de los aspiraciones políticos”, advirtió este miércoles de manera tajante en una resolución la Junta Central Electoral.
La resolución 38-23, de 48 páginas reglamenta, asimismo, que “en los actos públicos u oficiales que realizan los instituciones públicos del Estado y sus funcionarios, no se permitirá que los mismos sirvan de tribuno o escenario paro promocionar aspiraciones a lo interno de las organizaciones políticos”, explica la resolución.
Indica que las violaciones establecidas en la resolución puede ser denunciado ante las autoridades del Ministerio Público y, en caso de comprobarse la responsabilidad, puede ser susceptible de una condena que puede comprender a prisión de uno a tres años.
Esta resolución de Junta se produce en momentos en que los partidos de la oposición cuestionan, y violentan, una resolución anterior que prohíbe la campaña pública, de cara a las Primarias de octubre próximo. En ese sentido la Junta prohibió los mítines, caravanas, concentraciones públicas, la propaganda por radio, televisión y medios escritos y la colocación de afiches, pancartas, cruza-calles, etc, pera cuyo retiro otorgó un plazo de 15 días, que vence el 25 de agosto. Pero los principales partidos de la oposición, de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo, no acatan la disposición y, por el contrario, la han recusado ante el tribunal Superior Electoral.
Este miércoles, la Junta emitió su Resolución 38-2023, que establece regulaciones sobre la participación de los funcionarios públicos en el período de la precampaña y en la campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales, congresuales y municipales del 2024.
Se incluyen, entre los funcionarios públicos advertidos aquellos que fueron colocados en sus puestos por designación de un decreto del Poder Ejecutivo o por instituciones públicos, así como los de los ayuntamientos, a nivel nacional.
Una de las primeras prohibiciones establecidas en la Resolución de la Junta es la utilización de recursos económicos del Estado durante el período de la precampaña, fondos puestos bajo su control y que manejan funcionarios públicos.
Tampoco se puede, según la resolución, recibir financiamiento ilícito durante lo precampaña, por lo cual se puede conllevar una condena del pago de una multa del doble de lo contribución ilícitamente aceptada.
Asimismo se prohíbe la propaganda política en los edificios de las instituciones públicas, así como utilizar los vehículos y demás bienes de uso institucional para provecho político propio o de terceros personas con aspiraciones.
Y que los símbolos patrios y religiosos no podrán ser utilizados como elementos de promoción política o como mecanismo asociado a esta en los procesos internos de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos. “En los actos públicos u oficiales que realizan los instituciones públicos del Estado y sus funcionarios, no se permitirá que los mismos sirvan de tribuno o escenario paro promocionar aspiraciones a lo interno de las organizaciones políticos”, explica la resolución.
Para el período de la campaña electoral, se mantienen las prohibiciones de celebrar actos públicos realizados por los entidades estatales para lo promoción de cualquiera de los candidatos políticos, así como realizar marchas, mítines o la presentación de pancartas, letreros o propaganda de cualquier tipo en estos actos o alrededor de ellos. Tampoco podrá fijarse ni distribuirse propaganda de carácter electoral en el interior de las oficinas, edificios y locales ocupados por los poderes públicos o los edificios escolares.
