- Crisis económica demanda apoyo social, empresarial y político al Gobierno
Manuel A. Tobías
Especial para HoraxHora
La esperada crisis económica post pandemia que pendía sobre los dominicanos como una espada de Damocles se ha agravado con los estragos de la guerra provocada por Rusia en Europa con su invasión a Ucrania, que ha generado incrementos desproporcionados en los precios del petróleo y de los alimentos, una situación que podría ser mucho más seria si la las confrontaciones militares se expanden por toda Europa.
La inversión de $1,354 millones de pesos de un jalón, para subvencionar el aumento del precio de los combustibles que sufrirían los dominicanos solo en una semana, la segunda del mes de marzo, son un ejemplo más que vivo del serio problema económico que enfrenta el país por los coletazos de la alicaída pandemia del Covid-19 y ahora por la invasión de Rusia sobre Ucrania.
Las tensiones y expectativas con que el Gobierno abrió el 2022 debido a la proyección de una inflación que duplicaría la de años anteriores, se convirtió en tormento con la escalada meteórica, en apenas dos semanas, de los precios del petróleo y de las principales materias primas para la alimentación –trigo, maíz, soya, aceites- en los mercados mundiales, lo que obligó a la implementación inmediata de medidas de contingencia, dictadas por el propio Presidente Luis Abinader en un discurso a la nación, el 7 de marzo.
Y si bien la comunidad económica privada y la sociedad civil nacional parecen entender la delicada situación a la que se enfrenta el país, no han faltado voces que se han quejado de algunas de las medidas anunciadas –como le eliminación del ad-valorem a la importación de alimentos- dando de paso alicientes para las quejas de la oposición política.
La realidad económica que la guerra ruso-ucaraniana impone al mundo, sin embargo, constituye el gran apoyo que han ganado las medidas de austeridad y controles anunciados por el Gobierno y parece que tratar de aprovechar políticamente la situación contra el Presidente Abinader, servirá de poco.
El Gobierno, sin embargo, enfrenta el reto de lograr que las medidas de austeridad y contingencia que dispone rindan su efecto. El solo hecho de que los precios de los combustibles no hayan aumentado de manera descomunal como debieron de ser traspasado el costo del barril de petróleo –que llegó a $119 dólares la primera semana de marzo- le ganó un voto de confianza al Presidente Abinader y las medidas implementadas. Los aumentos en los precios del Avtur -$39.86 pesos por galón- y del Kerosenne -$46.58 pesos por galón- es solo una muestra de lo que pudo ocurrir con los precios de las gasolinas, el diesel y el GLPa, y las consecuencias por el impacto de dichos incrementos en la economía.
Pero el sostenimiento de estos subsidios representará dos decisiones: usasr gran parte de los recursos presupuestados para 2022 para inversión pública o acudir a la emisión de nuevas partidas de bonos soberanos, toda vez que los ahorros que pudiera hacer el gobierno con una austeridad interna, no compensará el diferencial entre el precio del petróleo y el de los combustibles que llegan al consumidor.
¿Por cuál de las medidas, o si ambas, u otras, se decidirá el Presidente para conjurar, o por lo menos aminorar los efectos de la crisis económica?
Las medidas
En su discurso al país la noche del lunes 7 de marzo, el Presidente Luis Abinader anunció 10 medidas para enfrentar la crisis económica generada en el país por la guerra desatada por la invasión de Rusia a Ucrania:
1) Subsidio a los combustibles con el parámetro de que, mientras el precio del West Texas Index (WTI) esté por encima de US$85 dólares por barril y por debajo de US$115 dólares, el Gobierno mantendrá sin variación los precios internos de los hidrocarburos al nivel en que se encontraban el 4 de marzo de 2022. Cualquier movimiento de precios por encima de US$115 dólares por barril será traspasado a los precios internos, sin aplicarle el impuesto ad-valorem. Con esta medida, que tendría una duración inicial de cuatro meses, el Gobierno seguiría asumiendo el costo fiscal que representarían aproximadamente entre $2,400 y $4,000 millones de pesos mensuales o sea entre unos $9,600 y $16,000 millones de pesos durante los cuatro meses de aplicación;
2) Aumentar el programa de subsidio directo al sector transporte implementado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte de Pasajeros (INTRANT), para evitar el incremento de los precios en el transporte público;
3) Someter al Congreso Nacional un proyecto de ley para reducir a cero por ciento los aranceles aplicados en frontera a la importación de los productos más importantes de la canasta básica. Esta medida, que propone sea aplicada de manera provisional durante 6 meses, impactará los siguientes productos: aceite refinado, mantequilla y margarina, leche en polvo, grasas comestibles, enlatados, pollo, ajo, pastas, habichuelas, harina, pan, carne de cerdo, arne de res;
4) Subsidiar hasta un 10% las importaciones de maíz, trigo, soya, harina y grasa vegetal, durante un período de seis meses. Esta medida, bajo la responsabilidad del Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes, implicaría hasta $3 mil millones de pesos y se implementaría con la intención expresa de enfrentar la subida de los precios de los productos que utilicen estos insumos;
5) Aumentar en un 2% del PIB los montos invertidos en gastos sociales, lo que representa RD$150 mil millones de pesos adicionales para estos fines;
6) Continuar con la política de subsidios focalizados que se ha implementado desde el 2021 y seguir impulsando estas medidas de apoyo directo a los más necesitados, tales como los programas especiales de venta de comida, incluyendo el aumento de las transferencias a la tarjeta Supérate, el incremento del subsidio del Bono-Gas, la ampliación de las raciones de alimentos en los comedores económicos, la instalación de más mercados populares del Inespre y duplicar sus bodegas de venta directa de productos en el país;
7) Propiciar un espacio de coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes, el Ministerio de Agricultura, la DGII y la DGA para la discusión e implementación de medidas administrativas que impacten los precios de venta al detalle de los productos de la canasta básica;
8) Impulsar el uso de la aplicación ‘Precios Justos’ para evitar la especulación, que está disponible desde ya, así como la publicación de los precios de referencia de los productos de la canasta básica, a nivel de productores o importadores, que se hará conjuntamente con el sector privado y estará disponible desde la semana próxima en medios tradicionales y redes sociales bajo la responsabilidad conjunta del Ministerio de Industria, Comercio y Mi-Pymes y del Ministerio de Agricultura, con la asistencia de la Dirección de Comunicación de la Presidencia;
9) Agilizar los trámites y permisos gubernamentales requeridos para evitar dilaciones que pongan en peligro el abastecimiento continuo de bienes, así como las permisologías de inversiones que generan empleos, cónsono con el programa de burocracia cero en proceso de implementación por el Estado;
10) Disponer una gracia de seis meses para los pagos a capital de los préstamos que hayan sido otorgados por el Banco Agrícola.
- Manuel A. Tobías es Economista y Sociólogo
