Elain Rodríguez Mena
Especial para HoraxHora
El Presidente Luis Abinader enfrenta otro reto: tratar de revertir la negativa de la oposición de apoyar la reforma a la Constitución que a impulsado desde que asumió el poder, hace 19 meses, como un cumplimiento de promesa de campaña, establecer constitucionalmente la independencia del Procurador General de la República.
Hoy los tres principales partidos de la oposición, el de la Liberación Dominicana (PLD), la Fuerza del Pueblo (FP) y el Revolucionario Dominicano (PRD), se oponen decididamente a respaldar las reformas a la Constitución que propone Abinader y el partido oficial, el Revolucionario Moderno (PRM).
Estos partidos trazaron la raya de Pizarro al retirarse de la mesa del diálogo que impulsa el Consejo Económico y Social (CES), organismo donde se puso en discusión la propuesta de reformas sometido por Abinader y el PRM.
Los dirigentes de oposición y de otros sectores opinan que aunque el presidente Abinader proclama que el propósito de las reformas es establecer constitucionalmente la independencia del Ministerio Público, el proyecto sometido a discusión en el seno del CES contiene reformas en torno a atribuciones en otros estamentos de la Justicia, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República y el régimen de elecciones.
Sin el apoyo de la oposición pura y simplemente, sería imposible para Abinader y el PRM pasar la reforma a la Constitución ya que el partido de gobierno no tiene los votos necesarios –dos terceras partes de los legisladores presentes en la sesión de la Asamblea Revisora, cuyo quórum se conforma con la mitad más uno de los miembros de la Cámara de Diputados e igual proporción de los senadores- aunque en convocatorias anteriores se han visto algunos entuertos como la ‘compra’ de votos y/o la ausencia de legisladores que se oponen para lograr que los que lo apoyan puedan alcanzar la votación calificada necesaria.
Leonel Fernández y Luis Abinader, quienes unieron sus fuerzas en 2019 para evitar que Danilo Medina pudiera impulsar una reforma a la Constitución con el propósito de postularse a la reelección para un tercer período consecutivo, ahora se enfrentan cuando el segundo propone enmendar la Carta Magna el primero se opone radicalmente.
Paradógicamente, Leonel y Danilo, quienes se pelearon públicamente por sus divergencias sobre la reforma a la Constitución, hoy llevan la misma línea contra el proyecto de enmiendas que impulsa Abinader.
Es así como con posiciones coincidentes, la cabeza de la oposición se opone a la reforma que a la Constitución propone el gobierno y el partido oficial, en lo que se perfila como una dura batalla en el escenario político nacional que busca posicionar candidatos para el proceso electoral de 2024.
La propuesta de Abinacer descansa sobre la base de establecer constitucionalmente la independencia del Procurador General de la República, pero las reformas presentadas se han ampliado a temas relacionados con la escogencia de los jueces para las altas cortes y los tiempos que deben permanecer en el cargo, la metodología operacional del Consejo Nacional de la Magistratura y hasta las unificación de las elecciones, separadas las municipales de las presidenciales y congresuales en el proceso electoral del 2020.
El Gobierno y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) presentaron su proyecto ante el Consejo Económico y Social (CES) como foro de discusión multisectorial que sirva de tamiz previo a la presentación del proyecto de reformas a discusión de las cámaras legislativas.
“Ojalá todo el país pueda ponerse de acuerdo en tener ese Ministerio Público independiente, para tener una justicia que sea alejada de toda intención política”, dijo Abinader, y el el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, también defendió la propuesta de reforma y reafirmó que “la firme intención del gobierno que dirige el presidente Luis Abinader de impulsar una reforma para que el Procurador General de la República no sea designado directamente por el Poder Ejecutivo, y que no forme parte del Consejo Nacional de la Magistratura”.
Pero Monseñor Víctor Masalles se unió al coro de Leonel Fernández y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) al oponerse a una reforma bajo el alegato de que “debemos defender la Constitución”.
“El Ministerio Público debe de ser el órgano formulador y ejecutor de la política del Estado de persecución contra la criminalidad. Para ello, el Gobierno debe garantizar la independencia no solo funcional sino también política, es decir, una independencia plena”, afirmó.
Pero para los dirigentes opositores Miguel Vargas y Janet Camilo del PRD, Dionis Sánchez de la Fuerza del Pueblo y Abel Martínez del PLD se pronunciaron contra las reformas propuestas.
El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas, indicó que se “opone plenamente” porque “aquí hay un alto costo de la vida, hay una carestía que realmente se hace más inaccesible constantemente y eso es a lo que debemos contribuir, a buscar soluciones a los grandes problemas”.
De su lado, Abel Martínez miembro del Comité Político y aspirante a la candidatura presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), calificó de ”una alta respeto al país”, las propuestas de reforma a la Constitución y cree que las propuestas de reforma constituyen una “bola de humo”, que tiene por objetivo dejar de lado los problemas nacionales como el alto costo de la vida, la inseguridad entre otros.
Mientras, el senador por Pedernales la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez, consideró “lamentable” que una vez más un equipo de gobierno quiera modificar la Carta Magna para “beneficio particular” ,y señaló que a su parecer el propósito de someter dicha reforma es que se baje el porcentaje para que cuando lleguen los comicios electorales se pueda ganarlas elecciones en primera vuelta. “Que la planteen (modificación) para el 2028 que modifiquemos lo que hay que modificar, si es verdad que es desinteresada, si es verdad que no hay un interés particular”.
El Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, depositó ante el CES las ideas puntuales acerca de su propuesta de reforma a la Constitución para que sea discutida por los diferentes sectores de la sociedad dominicana, en una propuesta de modificación de las atribuciones del Procurador General de la República, comenzando por cambiarle el nombre a “Fiscal General”, además de delimitar que los aspirantes a componer la Junta Central Electoral (JCE) y las altas cortes no aparezcan en el padrón de ningún partido político en los cinco años previos a su elección y unificar las elecciones presidenciales y congresuales con las municipales, para que las mismas sean celebradas el tercer domingo del mes de mayo del año electoral.
Leonel Fernández dijo: “Nosotros entendemos que más que reformarla, la constitución requiere ser respetada. Que se respete la constitución”. El exmandatario también sostuvo que en estos momentos el enfoque del pueblo dominicano es garantizar la calidad de vida, debido a la preocupación por los precios de los productos de primera necesidad, más que los años que dura un presidente en su gestión gubernamental. «Hoy lo que al pueblo dominicano le interesa es el precio de los productos básicos de la canasta familiar. Aquí lo que importa es cuánto vale el plátano, cuánto vale el pollo, cuánto vale la carne de res”. De hecho, ya había dicho, en agosto del año pasado, que «carecían de sentido» las intenciones del presidente Abinader de modificar la Constitución ya que entiende que la independencia del Ministerio Público está establecida en la Carta Magna indicando que ese organismo goza de autonomía, financiera, presupuestaria y administrativa.
Aunque el anteproyecto de ley presentado al CES no establece el mecanismo que se utilizaría par a la designación del Procurador General, propone cambiar el nombre a Fiscal General, y designado por un único periodo de seis años, periodo por el que será inamovible, con el objetivo “garantizar la independencia del Ministerio Público, robustecer el sistema de controles de los poderes del Estado y los órganos constitucionales, hacer más eficientes los procesos de la Administración Pública y consolidar el ejercicio democrático a través de mejoras puntuales al régimen electoral”, pero no establece la nueva forma en que será designado el Procurador, propone cambiar la denominación de “Procurador General de la República” por Fiscal General de la República, Procurador General Adjunto del Procurador General de la República” por Fiscal General Adjunto al Fiscal General de la República, “Procurador General de Corte” por Fiscal Regional.
Las propuestas
- Propone modificar el artículo 178 de la Constitución para excluir al Procurador del Consejo Nacional de la Magistratura.
- Propone retirarle la responsabilidad de formular las políticas de Estado contra la criminalidad, limitándolo a ejecutar e implementar esas políticas diseñadas desde el Poder Ejecutivo.
- Establece también la unificación de las elecciones municipales con las presidenciales y congresuales a partir del 2028 ya que la Constitución actual manda que se celebren las presidenciales y congresuales el tercer domingo de mayo y las municipales el tercer domingo de febrero, el anteproyecto sugiere una reforma para que todas se realicen el tercer domingo de mayo, cada cuatro años.
- El proyecto contempla que para ser juez de la Suprema Corte de Justicia durante los cinco años previos a su designación, la persona no haya estado inscrita en un partido político ni haya realizado actividades de proselitismo político de manera notoria, reconocida y constante.
- Establece que estos serán escogidos por un único periodo de nueve años y no podrán repetir. Podrán ser electos para un nuevo periodo aquellos que entraron y suplieron la parte del periodo restante de alguna plaza que haya quedado vacante. Igual fórmula se le aplica a los miembros del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral.
- Propone una disposición transitoria, con el propósito de disponer que las autoridades municipales electas en el 2020 durarán en sus funciones hasta el 24 de abril de 2024, fecha en que asumirán funciones las nuevas autoridades.
- Propone que el presidente o cualquier funcionario electivo, cuyo periodo venza sin que se hayan podido realizar las elecciones correspondientes, permanecerán en su cargo hasta la toma de posesión de quien le sustituya.
- Establece la eliminación del artículo 274 párrafo I y, en su lugar, disponer que cuando venza el período constitucional de cualquier funcionario electivo sin que se hayan podido realizar las elecciones por alguna causa, el funcionario permanecerá en su cargo hasta la toma de posesión.
- Propone modificar el artículo 209 de la Constitución, con el propósito de agregarle un numeral 4 que disponga que la Junta Central Electoral deberá convocar antes de que venza el período constitucional de los funcionarios electivos.
- Propone agregarle atribuciones a la Contraloría General, entre estas examinar las cuentas generales y particulares del Poder Ejecutivo; presentar al Presidente de la República los informes sobre la fiscalización del patrimonio del PE; auditar y analizar la ejecución que el Poder Ejecutivo haga del Presupuesto General del Estado y someter un informe a más tardar el 30 de abril del año siguiente; y realizar investigaciones especiales a requerimiento de la Cámara de Cuentas, una o ambas cámaras legislativas.
- Elain Rodríguez Mena es Periodista y politólogo
