Redacción HoraxHora
Los constantes sometimientos a la justicia de personeros que usan los medios de comunicación, principalmente las plataformas tecnológicas audiovisuales y de diferentes medios de comunicación, indican un enfrentamiento definitivo contra las constantes quejas de difamación, injuria y extorsión que sufren diferentes estamentos de la sociedad, en especial funcionarios públicos, políticos, empresarios privados y personas destacadas en la sociedad.
A decir de la Fiscal de Distrito, Rosalba Ramos, más de 69 querellas por difamación, injuria y extorsiones producidos a traves de medios de comunicación han sido radicadas ante los tribunles en lo que va del año, lo que es un síntoma que genera una alta preocupación de la justicia y de la sociedad.
En términos similares se han pronunciado influyentes organizaciones, experto en los temas constitucionales y de libertad de expresión e, incluso, de medios de comunicación, analistas y comentaristas periodísticos.
Han resaltado en las últimas semanas los casos de sometimientos a la justicia de los señoeres Angel Martínez, Aquiles Jiménez e Ingrid Jorge, por parte, entre otros, de la ministra de Interior, Faride Raful, la ex viceministra de Medio Ambiente, Milagros Decamps Germán, el presidente del Indotel, Guido Gómez Mazara.
La Fiscalía
La fiscal de Distrito, Rosalba Ramos, expresó preocupación, en un comunicado publicado en el Nuevo Diario y en declaraciones a periodistas, por lo que describió como una «creciente ola de difamación pública y presuntos chantajes mediáticos», prácticas que entiende amenazan con socavar la ética del ejercicio de la comunicación en el país.
Y dijo que la Fiscalía ha iniciado una investigación a propósitode esas denuncias, en que dijo que se trata de identificar “patrones de conducta que puedan configurar esquemas de chantaje sistemático, aprovechamiento indebido de plataformas mediáticas y uso instrumental del periodismo como herramienta de presión ilegítima».
Y fue tjante en su posición: «No permitiremos que la libertad de expresión, un derecho sagrado en nuestra democracia, se pervierta hasta convertirse en un mecanismo de manipulación o amenaza».
Finjus
De su lado, la prestigiosa Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) planteó su “profunda preocupación por la creciente tensión entre el derecho a la libre expresión del pensamiento y el derecho al honor y la intimidad personal en la esfera pública”, en una declaración de su vicepresidente ejecutivo, el abogado Servio Tulio Castaños Guzmán.
Dijo que la situación que se ha generado, no solo compromete la calidad del debate público, sino que también pone en riesgo el equilibrio de derechos fundamentales consagrados en la Constitución.
“Advertimos con preocupación que la inobservancia de los límites del discurso público está provocando un daño creciente a la confianza ciudadana en los medios de comunicación y en las instituciones, al tiempo que expone a personas y colectivos a ataques que desbordan el interés público y lesionan su esfera personal sin justificación legítima”, dijo Fijus a través de Castaños Guzmán.
Y expresó que la libertad de expresión “no debe ser interpretada como sinónimo de impunidad discursiva” dado que los medios de comunicación tienen un rol social importante que exige responsabilidad, rigor y un compromiso ético con la verdad. “Si bien el derecho al honor no puede utilizarse como excusa para impedir el escrutinio legítimo sobre asuntos de interés colectivo, es fundamental garantizar un marco de respeto recíproco y garantías efectivas”, comentó el ejecutivo de Finjus.
Pidió que todos los actores sociales deben elevar el nivel del debate público y evitar prácticas que vulneren la privacidad, desinformen a la ciudadanía o desnaturalicen el rol de los medios como espacios de deliberación y formación de opinión por lo quepidió a “promover entornos comunicacionales más responsables, donde prevalezca la ética, el rigor informativo y la protección de la dignidad humana”.
Por ellop, Finjus y Castaños Guzmán, entienden que “la defensa del derecho a expresarse libremente y del derecho a no ser injustamente agraviada debe ser una tarea colectiva, guiada por los principios constitucionales, el interés público y el respeto mutuo y solo así se podrá restaurar la confianza en la palabra como herramienta de entendimiento, justicia y cohesión social”.
Posición de Diario Libre
En su edición del 31 de julio, el periódico que analiza la situación bajo el tema de la libertad Vs. el caos digital. Este es el Editorial de Diario Libre, titulado “Proteger sin censurar”:
Libertad vs. caos digital ¿cómo regular sin censurar en República Dominicana?
La libertad de expresión es pilar de la democracia, pero en la República Dominicana convive con un ecosistema digital donde el agravio y la desinformación se propagan sin consecuencias inmediatas. Las redes amplifican voces valiosas, pero también facilitan linchamientos, rumores y ataques desde el anonimato. Abundan las sentinas digitales.
En el Congreso reposa una propuesta de ley sobre expresión y difusión del pensamiento, aún sin debate. Una legislación moderna permitiría equilibrar derechos: proteger la dignidad sin reprimir la crítica ni sofocar el debate. No se trata de acallar voces, sino de exigir responsabilidad a quienes usan la palabra para manipular o destruir.
Australia ha restringido el acceso de menores a redes como YouTube sin caer en autoritarismo, demostrando que se puede legislar desde el interés colectivo, cuidando a los más vulnerables sin silenciarlos. Aquí, sin embargo, se ha hablado más de libertades que de compromisos.
Regular el espacio digital no es controlar opiniones, sino crear un entorno justo. En un país donde el daño a la reputación ocurre en segundos y la reparación llega —si llega— cuando ya es tarde, no hacer nada es perpetuar la impunidad.
Una democracia sana exige libertad, pero también verdad, respeto y justicia. No hay expresión digna sin responsabilidad compartida.
