Los cuñados de Danilo Medina, Maxy Geraldo y Alexander Montilla Sierra el hermano del exgobernante, Juan Alexis Medina Sánchez, y un tercer cuñado, Luis Ernesto de León Núñez, tenían un “control total” de las licitación, compras, suministros para las operaciones de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDE) y de la generalidad de este tipo de acciones en la Edes, aprovechando su familiaridad con el Presidente de la República, un poder que pocos se atrevían a desafiar.
Este poder desarrollado en el negocio eléctrico estatal se da a entender a lo largo de la lectura de las 322 páginas que contiene el expediente-querella presentado ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) por el Estado dominicano a través del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUEDE), en que se revelan los entramados mafiosos de que se acusan a los familiares y allegados del expresidente Medina, así como ex funcionarios de la CDEEE y las Edes durante el anterior gobierno.
El CUEDE contrató un equipo de abogados externos, encaezados por Miguel Valerio, para que realizaran las auditorias y otras investigaciones sobre las operaciones de la CDEEE y las Edes entre el 2012 y el 2020, periódo de gobierno de ocho años de Danilo Medina.
De la lectura del expediente-querella, se percibe claramente que las imputaciones y/o acciones ilegales planteadas en el documento que ahora estudia el PEPCA y que deberá decidir si procede ante los tribunales, perciben señalar y/o involucrar, sin expresarlo directamente, al ex presidente Danilo Medina en la comisión de los alegados ilícitos revelados.
Tal suposición se basa en las relaciones familiares, amistad de varios encartados con la anterior pareja presidencial, pero además por el énfasis que advierte en señalar al ex mandatario en que el hizo las designaciones de los funcionarios, obviando el principio de que la responsabilidad penal reviste carácter personal.
Algunos detalles en el expediente-querella
La oficialización de la querella contra los supuestos culpables del desfalco multimillonario inició luego de más de cuatro horas de preguntas y respuestas de los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso, el vicepresidente ejecutivo del CUEDE, Andrés Astacio y los abogados contratados.
Allí, Astacio entregó al Ministerio Público más de 400 presuntas evidencias que sustentan las denuncias, basadas “en hallazgos encontrados” en las investigaciones y auditorias realizadas en las empresas distribuidoras de electricidad, las denominadas Edes.
En total, el Estado dominicano reclama la devolución por parte del presunto entramado criminal de personas y empresas que le sustrajeron más de RD$20,000 millones, pero en declaraciones a la prensa en varios escenarios, Astacio ha indicado que el monto de lo desfalcado, de acuerdo a las investigaciones que presentaron al PEPCA, podría ascender a unos RD$500 millones.
“Le depositamos la documentación correspondiente al Ministerio Público para que pudiera iniciar la acción penal y estuvimos hablando sobre los hallazgos presentados. Debemos volver para completar”, sostuvo Astacio.
Alexis Medina
Del querellado Juan Alexis Medina Sánchez se indica que valiéndose de
maniobras fraudulentas mediante testaferros estafó al Estado utilizando la influencia y el poder que tenía sobre los funcionarios públicos, “debido a su lazo de familiaridad con el entonces presidente Danilo Medina Sánchez”.
Resalta la condición de ser cuñado del administrador de Edeeste Luis E, de León, quien está casado con Magaly Medina Sánchez, “teniendo una prohibición doble de vender en esta empresa, por los lazos de familiaridad antes indicadas”.
Agrega que para evadir ese obstáculo Juan Alexis se valió de varias personas de su absoluta confianza presentándolas como ejecutivos de sus empresas para competir con ventajas en las licitaciones convocadas por las Edes.
Maxy Montilla
De Maxy Montilla Sierra, la querella afirma en primer lugar que es cuñado del expresidente Medina y que sobrevaluó en un 100% los productos vendidos a Edeeste, Edesur y Edenorte.
Detalla que ese parentesco familiar le permitía que tanto en las Edes, como en la CDEEE, le adjudicaran las compras y contrataciones de bienes y servicios “al precio que les pareciera más conveniente, siempre de forma sobrevaluados”.
En base a esa premisa la pieza acusatoria sostiene que las investigaciones pudieron determinar “la ocurrencia de los hechos punibles y sus responsables, especialmente a los miembros de los comités de compras y contrataciones, y a los miembros de los Consejos de Administración de las Edes que ocuparon sus cargos en el periodo 2012 a agosto de 2020.
Cada vez que se aludía a cada uno de los funcionarios del sector eléctrico, los investigadores se ocuparon en reiterar que fueron designados por el ex gobernante Medina, con sus correspondientes números de decretos y fechas de emisión.
Así, el Estado y las Edes, como actores civiles, solicitan “evaluar, provisional y de manera preliminar, la suma de RD$50,000 millones el monto resarcitorio a ser pagado por los querellados como justa reparación por los daños y perjuicios ocasionados, más los intereses judiciales y accesorios que pudieren derivarse de dicha suma”.
Asimismo, se solicita la imposición de medidas de coerción, “atendiendo a la gravedad de las circunstancias reveladas y ante el peligro de destrucción de evidencias por parte de los imputados”.
¿Y cómo lo hacían?
Se destaca el hecho de que las compañías participantes en esos y otros procesos “poseían características comunes: estaban promovidas por accionistas vinculados a la estructura fraudulenta, coincidiendo los miembros de esta organización de corrupción”.
Entre esas coincidencias la parte acusatoria señala que los socios compartían domicilios legales en el mismo lugar; eran de carpeta que no tenían capacidad logística de envergadura, ni cumplían los principios de información de mercado.
Indica que pese a esas limitaciones para satisfacer los requisitos de deben tener las empresas oferentes, las de los acusados lograron colocarse por encima de otras con una trayectoria y que sí poseían esas características.
“Tampoco contaban con recursos humanos para llevar a cabo las actividades que decían realizar y se hacían valer de los mismos representantes, autorizados por asambleas en las mismas fechas”.
Otras “coincidencias” citadas por la parte acusadora fueron que los contratados por las Edes “cambiaban el objeto social con frecuencia, con el propósito de encajar en las convocatorias de las licitaciones”.
Además, que alegadamente “eran utilizadas simplemente para cumplir requisitos y aparentar la legitimidad de los procesos, al darse el requisito de pluralidad de oferentes, cuando en realidad eran la misma persona”.
Refiere que tampoco tenían suficiente solvencia económica para la magnitud de actividades contratadas con el Estado Dominicano, a través de las citadas empresas distribuidoras de electricidad.
Asimismo, que en muchos de los procesos de compras y contrataciones celebrados por las Edes, “se verificaba que el departamento de compras de cada una, se encargaba de invitar a un grupo de empresas que estaban vinculadas entre sí de forma directa o indirecta, de modo que no existiera una real competencia”.
Agrega que esas ofertas conllevaban la adjudicación de compras y contrataciones de bienes y servicios fuera realizada “al precio que les pareciera más conveniente a las empresas vinculadas, logrando de esta forma sobrevaluar los mismos”.
Un ejemplo de las presuntas actuaciones delictivas que hace referencia el expediente, involucra al gerente general de Edenorte, Julio César Correa, con y Maxy Montilla, es la “utilización de las disposiciones del artículo 103 de la Ley 125-01 y su reglamento de aplicación”.
Estas disposiciones legales establecen la posibilidad que tienen los clientes o usuarios para suscribir contratos de financiamientos de proyectos llamados “Aporte de Financiamiento Reembolsable” (AFR).
Mediante esta vía, Edenorte habría otorgado de grado a grado y sin licitación alguna a la sociedad comercial Transformadores Solomon Dominicana, SAS, (propiedad de Maxy Montilla), contratos de obras por la suma de US$23,831,883.43, equivalentes a RD$1,360,800,543.85, “sin realizar el procedimiento de contratación pública correspondiente, consignado en la Ley 340-06, con la finalidad de estafar al Estado”.
Gastos ‘innecesarios’
Partiendo de los comentarios expuestos en el expediente, el permanente estancamiento operativo de la CDEEE y las Edes se debe “al manejo fraudulento y corrupto ha impedido un avance real en materia de reducción de las pérdidas sufridas por las mismas”.
Indica que esos manejos “fraudulentos” sólo tienen una explicación: “mientras se ejecutan obras y planes con la supuesta intención de mejorar la situación, esas obras y planes socavaban cualquier posibilidad de recuperación real”, porque hacían contrataciones amañadas e ilegales, sobrevalorando los costos de los bienes y servicios prestados.
También, la adquisición de bienes y servicios qno necesarios; contratación de personas y empresas vinculadas, “que muchas veces, no son los mejores proveedores ni se encuentran capacitados para serlo”.
Añade que en muchas ocasiones, se erogaban fondos de manera directa en manos de personas allegadas cuando no se correspondía.
Otros hallazgos
El equipo jurídico contratado por el CUEDE, está coordinado por el abogado Miguel Valerio e integrado por Ramón E. Núñez y José Figueroa, el que realizó en los últimos meses auditorías en cada una de las Edes cientos de procesos, estudios de miles de páginas de documentos, entrevistas, análisis forenses, entre otras vías de actuación.
Estos trabajos habrían evidenciado el modus operandi “de la estructura mafiosa que operaba, permitiendo cuantificar los montos envueltos en cada una de las operaciones realizadas”.
La demanda precisa que el alegado entramado criminal de personas y empresas, habrían estafado al Estado a través de las Edes “por más de RD$ 20,000 millones”.
El argumento de la querella sostiene que la hipotética estafa no sólo se realizó a través de contrataciones ilícitas en las Edes, sino también ejecutada directamente en la CDEEE, “a través de licitaciones manejadas a favor de los querellados”.
En ese sentido, agrega que la sustracción de recursos se realizaba incluso con fondos provenientes de facilidades crediticias organismos internacionales.
Los imputados, familiares y funcionarios
A los imputados se les enrostra haber participado en procesos de compra amañados y suscribir contratos “en franca violación a los numerales 1 y 5 del artículo 14 de la Ley 340-06”.
Hasta ahora, estos son Rubén Jiménez Bichara (ex vicepresidente ejecutivo de la CDEEE), Luis Ernesto de León Núñez (ex administrador general de Edeeste), Rubén Montás Domínguez y Radhamés del Carmen Maríñez (ambos ex administradores generales de Edesur).
A estos se les acusa de estafa agravada en contra del Estado, coalición de funcionarios, prevaricación, lavado de activos, falsedad en documentos privados y uso de documentos falsos, asociación de malhechores y soborno a funcionarios.
También se incluyen a Julio César Correa (ex administrador general de Edenorte), Maxy Gerardo Montilla Sierra (a éste, el expediente dedica una extensa mención) y Alexander Montilla Sierra, Juan Alexis Medina Sánchez y Messin Elías Márquez Sarraff.
De igual manera están acusados Domingo Antonio Santiago, Miguel Antonio Reyes, Peter Alexis Francisco Tejada y Dileisi de Jesús Rivera, así como Julián Esteban Suriel Suazo, Wacal Vernavel Méndez Pineda (también imputados en el caso Pulpo) y más de 25 empresas que presuntamente fueron parte “del entramado mafioso”, contra las cuales se interpuso la querella.
