Manuel A. Tobías
Especial para Hora x Hora
La crisis en la dirección y operatividad de la Cámara de Cuentras ha provocado uno de los más duros choques entre el partido oficial, el PRM, y la oposición, a nivel tal que ha logrado unir criterios del PLD y la FP en una alianza que parece impedirá que los miembros del organismo de control sean expulsados de sus cargos.
Mientras se debate y decide el espinoso tema en la Cámara de Diputados, la Cámara de Cuentas está en un limbo, inactiva en sus funciones de fiscalización de las operaciones de las dependencias públicas. Un informe publicado esta semana por la prensa nacional, que indica que en los dos últimos años el organism solo ha evacuado unas doce auditorías, de un paquete de más de ciento cincuenta investigaciones en carpeta.
Para el martes 18 de julio se ha fijado en la agenda de la Cámara de Diputados introducir el iforme de la comisión especial que investigó el caso y el cual, con el voto de los once legisladores oficialistas, se recomienda al pleno iniciar el proceso para un juicio politico y destituir a los cinco miembros del organism de control official. Seis otros legisladores, todos de la oposición, que formaban parte de la comisión, votaron en contra y emitieron un informe disidente, contra el juicio politico y la destitución de los incumbentes en cuestionamiento.
En el interim, causó mucha extrañeza la orden del Poder Ejecutivo de la nación a la Contraloría General de la República, órgano de control interno de las dependencias públicas, de que hiciera una serie de auditorías e hicier público sus resultados.
La clase política de oposición y sectores mediáticos nacionales cuestionaron la iniciativa como válida. La prensa publicó la generalidad de los informes emanados de las investigaciones emitidos por la Contraloría en varios de cuyos casos quedaron consignados una serie de irregularidades, de procedimientos y de acciones que incluye uso de recursos, sin explicación.
La mayoría de incumbentes cuyas dependencias fueron investigadas por la Contraloría emitieron respuestas a los informes publicados indicando que algunas faltas de procedimientos fueron o están en vías de ser corregidos. Algunos señalaron que el tono de las respuests y hasta su ‘formato’ era muy similar, lo que daba a entender que se trató de un guión preparado para ello.
Mientras, tanto el vocero de comunicación de la Presidencia, Homero Figueroa, como la Dirección de Etica Gubernamental, en voz de su directora, Milagros Ortiz Bosch, restaron importancia a los ‘hallazgos’ publicados y dijo que las violaciones se estaban corrigiendo. Pese a ello, voces de la oposición y la prensa exigieron que los casos fueran puestos en manos de l Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), pero no se ha anunciado de ninguna acción en ese sentido.
Correlación de fuerzas en Cámara de Diputados
Para hacer efectivo la aprobación de un juicio politíco a los miembros de la Cámara de Cuentas, se requiere una votación de las dos terceras partes de la matrícula de la Cámara de Diputados, compuesta por 190 curules. Esas dos terceras partes suman 127 votos, pero el PRM cuenta solo con 98 puestos, mientras el PLD reúne 58 puestos y la Fuerza del Pueblo18, para sumar entre ambos 76 votos. Los restantes 16 diputados de oposición o aliados pertenecen al PRSC, con 4; el PRD, con 2; Frente Amplio, Alinza País, Liberal Reformista, Opción Democrática y el PQD con uno cada uno, mientras tres se declaran independientes.
La posición del PLD y la FP está claramente definida, contra el juicio politico. Los demás 16 diputados no han dicho, la mayoría que posición tomrán, pero aún el PRM pudiera conquistarlos para su causa de juicio politico, no lograría completar la foja de 127 votos que necesita para pasar la decisión de llevar el caso a juicio politico ante el Senado.
En el juicio politico, según establece la Constitución, la Cámara de Diputados funge como acusador, los acusados como defense y el Senado como juez que toma la decisión final, tras la presentación de argumentos y pruebas de parte y parte.
Eventuales consecuencias y porqués de la decisión
La mayoría de los analistas dicen no comprender, con certeza, las razones de la posición tajante del de realizar un juicio político y expulsar al pleno completo de la Cámara de Cuentas, toda vez que las versiones que circularon desde la elección de los incumbentes del organismo, en marzo-abril de 2021, indicaban que tenían ‘afinidad’ con el Gobierno del Presidente Luis Abinader, aunque a unos que otros se le señalaron ‘cercanías’ con otros colores y liderazgos del espectro politico nacional en lo que se atribuía a un nuevo ‘reparto’ de puestos en organismos constitucionales elegidos por terceros.
Pese a los elogios de los incumbentes que se elegian en 2021 de parte de legisladores, en especial del presidente del Senado, que los calificó como ‘verdaderos independientes’ politicos y altamente profesionales, y de otros segmentos de la nación, hoy el tema del juicio politico y destitución es lo que prevalence.
Los oficialistas alegan que la oposición quiere preservar la actual composición de la Cámara de Cuentas para que ‘continúe el desórden’ y el apañamiento de la corrupción, mientras los opositores indican que el propósito de la destitución es para los oficialistas nombrar un nuevo pleno que se ajuste a los intereses de la Administración actual.
Lo cierto es que debido a la poca acción de la actual Cámara de Cuentas, todo indica que políticamente el oficialismo no está a todo gusto, dado que se esperaba que emitieran muchas auditorias sobre las ejecutorias administrativas de la administración anterior, del PLD y del Presidente Danilo Medina, actualmente sometida a varios juicios por corrupción abiertos.
Dos preguntas rondan en el aire: ¿De lograr ser destituidos el actual pleno de la Cámara de Cuentas serían nombrados otros para completer el período de cuatro años, en el 2025, o para un nuevo período de cuatro años? ¿si los incumbentes titulares son destituidos, no entrarían los sustitutos?
