Redacción HoraxHora
El abogado constitucionalista y experto en Derecho Administrativo, Angel Lockward, advirtió los peligros que la ‘filtración’ de expedientes, auditorías y borradores de informes de investigaciones violentan el debido proceso judicial y, por tento, el obligatorio respeto y garantías de imputados y víctimas.
“Cualquier juez penal, en un sistema judicial responsable, lo que debe hacer es excluir esos documentos, porque la ley establece que esos informes de Contraloría o auditorías de la Cámara de Cuentas, son actos administrativos que tienen un procedimiento para su validez o para su invalidez”, explicó el abogado.
En una entrevista con el programa Oye País, que conduce el periodista Ruddy L. González, Lockward consideró, asimismo, que en algunos casos se habla de filtraciones de auditorías o de informes de la Contraloría General de la República o la Cámara de Cuentas, “lo que constituye una falta grave”. Y señaló que “ese proceder debe evitarse, porque violenta el debido proceso, sobre todo cuando se trata de documentos de tipo administrativo que no hayan sido notificados a las partes”.
Planteó que lo lógico es no iniciar una investigación de carácter penal partiendo de un documento que no ha pasado la fase básica de ser notificado a la parte auditada para que haga los reparos de lugar que permitan acogerlos o rechazarlos. Refirió que conforme a informaciones que llegaron hasta él “en algunos casos hasta han sustraído documentos para producir una conclusión de una realidad que no existe”.
A manera de ejemplo, Lockward citó el caso de un importante empresario de 90 años, cuya identidad se reservó, que le planteó una queja de esta índole, señalando que le habían comentado que había vendido una propiedad que no era de su pertenencia. A su juicio, un juez no puede admitir un documento sin antes haber sido confirmada su validez y autenticidad, porque de hacerlo incurre en prevaricación, al atribuirse una potestad que le fue dada a otro magistrado.
“Ese empresario me mostró el original del título de propiedad del inmueble certificado a su nombre y el de sus hermanos, conteniendo los números de cédulas de cada uno de ellos”, expuso.
Dijo que el único organismo que tiene facultad para determinar la propiedad de un inmueble es el registrador de títulos, el que puede determinar si se puede transferir o no a una o varias personas. Y al respecto, estimó que en los casos judiciales que actualmente se conocen, debe irse con mayor cuidado, para evitar que la confianza que tenga en un estamento judicial se deteriore, persiguiendo falsamente a un acusado.
Sostuvo que algunos abogados expertos en Derecho Penal, le han manifestado sus quejas de la aplicación del Código Procesal Penal, lo que atribuyó a que algunos de esos abogados y jueces “están acostumbrados a la antigua normativa”.
“Ya no es así”, explica, “porque se creía que todo el Código Penal giraba en torno al artículo 57 y esto ya eso no es así, para usar un documento administrativo, primero debe pasar por el procedimiento administrativo para demostrar su autenticidad ante un juez de la contención administrativa”.
¿Independencia judicial?
Al comentar la comparecencia de la Procuradora General, Mirian Germán Brito ante la membresía de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), Lockward dijo que “la jueza emblemática que es Miriam Germán Brito, le habló algo a la Procuradora General de República” cuando “habla de cuestiones de la que ella es garante y que en las últimas semanas han sido parte de las quejas de los abogados, de que no se haga justicia populista o mediática”.
“Como Procuradora General, doña Miriam Germán no puede recomendar que no se haga, sino impedir que se hagan” dichas acciones que han sido cuestionadas, precisó Lockward.
En otro aspecto, Lockward expresó que si bien reconoce la buena intención del presidente Luis Abinader de considerar como un hecho la independencia del Poder Judicial, discrepa en ese enjuiciamiento, porque el mandatario es economista, no abogado.
“La independencia del Poder Judicial se logró en 1994, con la reforma constitucional que se produjo como consecuencia de la crisis política de ese año. Y apuntó que “el Poder Judicial es independiente, ahora, el brazo encargado de la política criminal del Estado, que es el ministro de Justicia, que aquí se llama Procurador General, es un miembro del gabinete, aunque yo no la he visto en los Consejos de Ministros, lo constituye una falta a la Constitución y protocolar”.
Dijo que el ministro de Justicia del gobierno tiene diferentes responsabilidades que tienen que ver, además de perseguir los actos de corrupción, también se ocupa de la protección de la niñez, preservarlos intereses del gobierno y la sociedad, delinc
Indicó que la prudencia no es similar a la independencia de un órgano del Estado, en referencia a la detención de un general militar o policial activo, lo que previamente debe ser informado al Jefe de Estado y éste convocar al o los ministros correspondientes.
Derecho Administrativo
Con este título el Lockward puso en circulación este jueves su libro didáctico Derecho Administrativo, publicación que ha sido calificada por el maestro del Derecho Vinicio Castillo (Vincho) como trascendental y un valioso aporte a la formación de los jueces, abogados y estudiantes.
En su exposición, el doctor Castillo abocó las cátedras de los profesores Manuel Amiama, porque no había libros de textos, que son los que se usaban hasta hace poco en las universidades.
El maestro Castillo, el último maestro clásico del Derecho que nos queda, a sus 90 años expuso de manera emocionante y vibrante, cómo se realizan las cátedras sobre Derecho Administrativo de don Cundo Amiama, quien impartió cátedras de casi todas las ramas de la judicatura”, expresó.
