Manuel A. Tobías
Especial para HoraxHora
Apoyado en el discurso de que el Presidente Luis Abinader y su Gobierno ‘escuchan el reclamo de la gente’ cuando se protesta sobre alguna determinada iniciativa, fue que el Poder Ejecutivo anunció este domingo el retiro del Congreso Nacional del controvertido Proyecto de Ley sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes luego que la generalidad de las organizaciones políticas, de la sociedad civil, la prensa, etc se opusieron radicalmente a la propuesta.
El vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, dijo en una declaración leída desde la Casa de Gobierno que: “Como sociedad democrática que somos , conviene que el sometimiento de cualquier proyecto de ley sea corregido por el debate civilizado y la crítica constructiva… recuerden que somos un gobierno que escucha… nunca hemos dudado , cada vez que las circunstancias lo han exigido, en tomar la decisión más conveniente al interés nacional”.
Lo que disparó las alarmas de la sociedad fue el hecho de que dado las posiciones directas llevadas por el propio Presidente Luis Abinader en los organismos internacionales –ONU, SICA, OEA, CELAC, entre otros- en demanda de acciones de la comunidad internacional y los organismos multilaterales en procura de buscar soluciones a la crisis político-social-económico-sanitario que sacude Haití, que haya sido el propio Poder Ejecutivo que sometiera ese proyecto de protección y acogida abierta a los inmigrantes, bajo el manto de una legislación contra la trata, explotación y tráfico de personas. “La defensa enérgica y responsable ante cualquier injerencia externa caracteriza al gobierno del Presidente Luis Abinader… esta no será la excepción”, dijo Homero Figueroa.
Vista este escenario y los antecedentes de proyectos, propuestas, iniciativas del Poder Ejecutivo que han ‘quedado en el olvido’ luego de ser revocadas -como los casos de la reforma a la Constitución, la reforma Fiscal, el ‘reajuste’, el incremento, de la tarifa de electricidad, por ejemplo- abre ojerizas, entonces, de que el anuncio de que el proyecto en cuestión será retirado del Congreso Nacional ‘para ser reformulado y sometido nuevamente en un plazo de no mas de 45 días’, podría ser el pretexto para engavetado en el cajón del olvido y así calmar la ira popular que generó su texto.
El conocimiento público que tuvo del texto del proyecto, la primera semana de Febrero –aunque fue enviado al Senado, por el Poder Ejecutivo, el 22 de diciembre de 2022-, causó un revuelo que arropó las posiciones de gran parte de la sociedad dominicana, la gran mayoría en contra, al entender que se trataba de dar, en forma de ley, luz verde para acoger una masiva inmigración haitiana en el país, con todas las prerrogativas de los ‘perseguidos’ y hasta con el establecimiento de un impuesto para sufragar los costos que la iniciativa conllevara.
En ese contexto, el presidente del Senado, Eduardo Estrella anunció vistas públicas para la discusión del proyecto y adelantaba que se le haría ‘reformas’ lo que dio a entender a los estudiosos y analistas de la política nacional que el Poder Ejecutivo se sabría visto ‘obligado’ –atendiendo explícitamente, quizás, a las advertencias del Departamento de Estado de Estados Unidos, que en su informe sobre la trata de personas de 2022 –emitido en enero pasado- criticó que en la República Dominicana todavía no ha aprobado una legislación para enfrentar con fuerza, el fraude y la coerción a que son sometidos de las víctimas de la trata de personas.
De ahí, entonces, según entienden los analistas, que someter la iniciativa a las Cámaras Legislativas a sabiendas de que ‘no pasaría’, el Presidente ‘cumplía’ con las ‘presiones’, aunque el proyecto no se convertiría en ley por responsabilidad de los congresistas.
Fueron pocas las instituciones, como Participación Ciudadana, que se pronunciaron a favor del proyecto, en lo que no pocos entendieron como una forma ‘coherente en sus posiciones en defensa de la inmigración haitiana al país’ y/o como un ‘exceso de cortejo’ con la Administración actual de Gobierno.
Las protestas contra el proyecto sometido al Congreso Nacional llegaron a un punto que unieron criterios de sectores generalmente enfrentados. Los ‘nacionalistas’, que observan de ceca cada situación relacionada con la inmigración de ilegales haitianos, fueron los primeros en dar la voz de alarma sobre el tema bajo la advertencia de que de ser aprobado sería abrir de par en par las puertas a que oleadas de haitianos crucen a territorio dominicano alegando persecución, presiones y acciones de fuerza en su contra.
Los organismos internacionales y/o los grandes países –principalmente Estados Unidos, Canadá y Francia- señalados como compromisarios de ayudar a Haití se sentirían satisfechos de que República Dominicana asuma el tema del vecino país. Naciones Unidas, la propia Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea no lo objetarían, señalan los entendidos en el tema de la crisis haitiana.
“Como vocero del Presidente Luis Abinader, reitero la posición oficial: este gobierno no aceptará ningún acuerdo o norma que nos convierta en receptor de ciudadanos haitianos afectados por la inestabilidad política en Haití… la razón e simple: como país de recursos limitados, el suministro de servicios públicos a la población migrante irregular impacta negativamente las políticas sociales dirigidas a los ciudadanos dominicanos”, dijo el vocero presidencial, Homero Figueroa en su comunicado del domingo en la tarde.
Y agregó que la nación debe tener presente que la ausencia del imperio de la ley en Haití implica riesgos políticos, sociales, económicos y de seguridad permanentes para la República Dominicana, por lo que este es el momento de estar unidos para defender la Patria.
“Todos debemos sentarnos del mismo lado de la mesa nacional… la defensa enérgica y responsable ante cualquier injerencia externa caracteriza al gobierno del Presidente Luis Abinader… esta no será la excepción”, dijo Homero Figueroa quien concluyó:
“Haití es un problema para los haitianos y la comunidad internacional… una vez más, para que quede claro, no hay ni habrá solución dominicana para el problema haitiano”.
- • Manuel A. Tobías es Economista y Sociólogo
