Manuel A. Tobías
Especial para HoraxHora
Mientras la Junta Central Electoral avanza en la conformación de las Juntas Municipales, la reorganización de sus estamentos técnicos internos y el establecimiento del cronograma hacia los comicios de 2024, el presidente del organismo, Román Jáquez, reitera su pedido de que el Congreso Nacional se aboque a las reformas necesarias a las leyes Electoral y de Partidos, que son el marco jurídicos con que se rigen los procesos de elecciones en el país.
Desde que asumió la presidencia de la JCE, en noviembre de 2020, Román Jáquez ha sido reiterativo en la necesidad de reformular las leyes de Partido y Electoral toda vez que muchas partes de las mismas han sido durante cuestionadas, incluso articulados de las mismas derogadas por sentencias del Tribunal Constitucional.
El tema, ya de manera formal, fue presentado en textos de proyectos de modificación por el Pleno de la Junta Central Electoral, corriendo la suerte de perder casi un años entre los escritorios y butacas del Consejo Económico y Social (CES) donde el tema se discutió sin ningún resultado concreto, hasta que el Congreso Nacional la asumió y destinó a una comisión especial donde también parece estar empantanada, con promesas de darle ‘salida’ en algún momento, sin que haya faltado anuncios de que se podrían anular las dos legislaciones actuales, para aprobar nuevas leyes electorales, al tiempo de que hay otros que también el Congreso Nacional abogan por la creación de un ‘Código Electoral’ que contenga en una sola legislación todo el procedimiento interno y externo de la Junta y los procesos electorales nacionales.
Las aprehensiones del presidente de la Junta se centran en el rápido avance hacia los procesos electorales de cara a las consultas del 2024 –en febrero la elección de las autoridades municipales: alcaldes, regidores y presidentes de juntas municipales; y en mayo la escogencia de Presidente y Vicepresidente, senadores y diputados-, ya con el señalamiento de escogencia de una suerte de candidato en las filas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), fijada para el 16 de octubre próximo, así como del desarrollo cada vez más intensivo de actividades de posicionamiento, reestructuración de cuadros y estructuras, que desarrollan el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) la Fuerza del Pueblo (FP), y los partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y Reformista Social Cristiano (PRSC).
La Junta ha emitido frecuentes advertencias sobre las campañas y proselitismo anticipado a lo que establecen las leyes electorales, pero nadie parece hacerles caso, dado que son pocos los mecanismos en manos de las autoridades electorales para impedir los movimientos de los partidos.
De ahí, entonces, uno de los motivos de las urgencias que establece el presidente de la Junta, Román Jáquez, de reformas a las leyes electoral y de partidos.
El último planteamiento
En una conferencia titulada ‘El por qué de la reforma electoral, dictada en el auditorio de la Universidad APEC el 27 de septiembre, el presidente de la Junta, Román Jáquez, advirtió al liderazgo político que debe “entender y priorizar” la necesidad de las reformas de las leyes electorales, a fin de “garantizar elecciones limpias y transparentes en el 2024 y contribuir con el fortalecimiento de la democracia”.
Dijo que “el país tiene la necesidad de un marco jurídico que garantice la ejecución en base a buenas prácticas y principios que aseguren la integridad electoral”, advirtiendo que “no se trata de un mero antojo, sino la derivación lógica de una investigación, estudio y diagnóstico de ambas normas”, ya que el objetivo es aplicar una reforma “integral, clara, con garras, con controles, justa y paritaria, que fortalezca el sistema electoral y la democracia.
La cantidad de articulados que han sido eliminados por el Tribunal Constitucional o declarados inconstitucionales, podría representar problemas en el futuro, en lo que tiene que ver con la administración electoral porque podría crearse una excesiva judicialización del proceso ante la amalgama de interpretaciones sobre alguna decisiones ya que estas declaraciones de inconstitucionalidad irradian incertidumbre y confusión sobre los actores políticos debido a que quien consulta las normas electorales desconoce con precisión cuáles disposiciones están vigentes y cuáles no.
También citó la existencia de períodos de precampaña y campaña “muy largos e indeterminados” que genera desigualdades en la contienda y excesivos gastos. “La lógica es simple, entre más largo es el período permitido para realizar actividades orientadas hacia la obtención de votos, más dinero requerirán los aspirantes, precandidatos, candidatos y organizaciones políticas para posicionarse debidamente ante el electorado y competir en las elecciones generales”, explicó.
- Manuel A. Tobías es Economista y Sociólogo
