En el argot colombiano, un ‘sapo’ es un ‘traidor’, un ‘soplón’, un ‘delator’. Es considerado una persona desleal, capaz de ‘cualquier cosa’ con tal de ‘salvarse’ y/o tener beneficios de acciones irregulares de las cuales habría también participado. La palabra ‘sapo’ y su acción ‘sapeo’, se hizo popular en República Dominicana a partir del 2009, cuando la novela de Manolo Cardona (Fresita), ‘El cartel de los sapos’, se convirtió en un gran éxito de audiencia en la televisión nacional.
Hoy el ‘sapeo’ o ‘delación premiada’, como le llamanen Brasil, es el punto común, la característica de los expedientes por corrupción contra funcionarios del gobierno anterior, y del actual, que lleva adelante la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA) y Unidad de Persecución de la Procuraduría General de la República, que dirigen Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso.
Los de ahora, no son los primeros ni únicos casos de ‘negociaciones’ de acusados y los fiscales en República Dominicana. Quizás con el caso que se ‘estrenó’ la aplicación de las ‘negociaciones’ fiscales-acusados en el país fue en diciembre de 2004 con el Caso Quirino, extraditado a Estados Unidos por narcotráfico.
Así, en cada uno de los cinco casos ahora en proceso, las denuncias de personas relacionadas con las áreas donde se produjeron los casos y/o con personajes en investigación y/o con expedientes en proceso, han sido piezas claves en la conformación de los expedientes.
Actualmente el PEPCA tiene sometido ante los tribunales los casos denominados “Operación Pulpo’, ‘Operación Coral’ y ‘Operación Medusa’ y en proceso de investigación y preparación de expediente el denominado ‘Operación Caracol’ que es el relacionado con los alegados actos de corrupción en la Cámara de Cuentas, todos casos registrados en el anterior gobierno, que dirigió Danilo Medina. Asimismo el PEPCA llevó ante los tribunales el caso denominado ‘Operación 13’, relacionado con el denunciado fraude en la Lotería Nacional, ocurrido durante el actual régimen de gobierno.
Por estos casos hay 38 personas bajo arresto con medidas de coerción distintas, mientras está pendiente de judicalización el caso de las denuncias de fraudes y actos de corrupción que se habrían registrado en las empresas eléctricas, cuya denuncia a nombre del Estado fue entregada a principios de junio de este año a la Procuraduría General de la República y que involucra por lo menos a una docena de personas.
‘Negociaciones’, ‘delación premiada’, aquí y allá
Las ‘negociaciones’ entre acusados y las autoridades es legal en el Código Penal dominicano. Es una práctica común en las acciones de los organismos represivos en la lucha contra el delito en muchos países. Por ejemplo, en Estados Unidos con mucha regularidad se conocen ‘negociaciones’ entre delincuentes y/o acusados y/o implicados en acciones al margen de las leyes con las autoridades. Los casos de narcotráfico y de relacionados con el denominado crímen organizado.
Las ‘negociaciones’ tienen el propósito de las autoridades de obtener informaciones de una persona bajo arresto y/o bajo investigación para lograr otros arrestos y/o desarticular otros sospechosos de acciones delictivas. A cambio, las autoridades fiscales piden rebajas de penas y/o tratamientos menos rígidos en el proceso de juicio.
En el sistema judicial dominicano, los fiscales son los que solicitan al juez los niveles de sanciones que entienden debe recibir una o más persona por una acusación. El juez no puede imponer una pena mayor a la solicitada por los fiscales, aunque si la sanción puede ser menor, si así lo entiende.
En otros países, como Estados Unidos, donde la culpabilidad y/o inocencia de una persona lo decide un jurado y el juez solo tiene la potestad de aplicar el nivel de la sanción por el delito cometido y la calificación que el jurado le otorga al hecho motive del juicio. Por ello, en el sistema de justicia norteamericano, los jueces aprueban, previamente a escuchar la decisión del jurado, cualquier ‘negociación’ a que hayan llegado los fiscales con los acusados. En los Estados Unidos, asimismo, funciona un sofisticado programa de ‘protección a testigos’ que se aplica regularmente para proteger a personas que delatan a otros contra los que las autoridades logran condenas.
En Brasil, donde las ‘negociaciones’ entre acusados y fiscales se llama ‘delación premiada’ y es negociada previo al juicio ‘acordándose’ cual será el nivel de sanción que recibirá el acusado de acuerdo a la valía de la ‘delación’.
Los casos de corrupción actuales
‘Operación Pulpo’.- El primero de los casos fue el ocurrido en diciembre de 2020 durante la audiencia de medidas de coerción contra un grupo de ex funcionarios del gobierno anterior acusados de conformar una red de corrupción que alegadamente dirigía el empresario privado Alexis Medina Sánchez, hermano del ex presidente Danilo Medina. Los demás acusados son Fernando Aquilino Rosa Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper); el exministro de Salud Pública Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez; el exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán; Carmen Magalys Medina Sánchez, exvicepresidenta del Fonper y también hermana del ex presidente Medina; Aquiles Alejandro Cristofer Sánchez, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona, Rafael Antonio Germosén Andújar y Domingo Antonio Santiago Muñoz.
Durante la transmisión en vivo de la audiencia de medidas de coerción, transmitida en vivo por televisión nacional, todos los acusados se declararon inocentes hasta que llegó al estrado el ex Contralor General de la República, Rafael Antonio Germosén Andújar, uno de los imputados, y destapó todo un rosario de acciones ilegales que se habrían cometido y que, a su decir, por no haber accedido a los requerimientos fue cancelado de la posición. Germosén Andújar, obviamente previamente de acuerdo con los fiscales del PEPCA relató con lujo de detalles como alegadamente se realizaban las estafas.
El expediente atribuye a Germosén Andújar revelar que su desvinculación del puesto, se produjo al no poder agilizar el proceso de libramiento para el pago de la reconstrucción de 56 hospitales en todo el país. “Después de reunirme con el exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, el director de OISOE, Francisco Pagán, y Altagracia Guzmán Marcelino exministra de Salud Pública, y no complacerlos en menos de 15 días me cancelaron”, sostuvo.
Mientras la mayoría de los acusados, en primera fila del expediente, recibieron una medida de coercion de 18 meses de prisión preventive, Germosén Andújar recibió una sanction de prisión domiciliaria.
‘Operación Coral’.- La segunda delación le correspondió al mayor del Ejército, Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien produjo un amplio relato contra los responsables de la red que presuntamente, dirigía el mayor general Adán Cáceres, la que se habría apoderado ilícitamente de miles de millones de pesos del erario en un entramado relacionado con estamentos militares, principalmente.
El mayor Girón Jiménez, en una sorprendente declaración de más de dos horas en estado en la que no se declare inocente de los cargos en contra del grupo de acusados, detalló punto por punto y señaló uno por uno los alegados responsables del entramado de corrupción que aseguró se desarrolló por varios años en diferentes estamentos militares, especialmente en el Cuerpo de Seguridad Presidencial y de la policía de turismo.
El grupo de acusados en este caso lo componen el mayor general Adán Cáceres, el coronel Rafael Núñez De Aza, el mayor Girón Jiménez, la pasatora evangélica Rossy Maybelline Guzmán Sánchez y su hijo, Tanner Antonio Flete Guzmán, así como Alejandro José Montero Cruz, quienes según el Ministerio Público integraban un entramado militar-religioso que se encargó de manejar y robar más de $3,000 millones de pesos.
Mientras el grueso de los acusados, encabezados por el mayor general Adán Cáceres, recibieron medida de coercion de prisión preventive, el mayor Girón Jiménez recibió una coerción de prisión domiciliaria.
‘Operación Medusa’.- Este, el más reciente caso de expediente por corrupción, cuya cabeza de la acusación descansa sobre el ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez y que incluye otras nueve personas, las ‘colaboraciones’ con el PEPCA las ofreció la ex empleada de la Procuraduría, Raineiry Elizabeth Medina Sánchez, quien está encartada en un expediente por distracción de unos 710 televisores de los almacenes de la Institución desde finales del 2020, por lo que recibió una medida de coerción de tres meses. La acusación en su contra señalaba que lideraba una banda que robaba artículos de los almacenes de la Procuraduría, determinándose que luego de ejecutar un inventario de activos fijos había un déficit de 710 televisores, además de una cantidad indeterminada de abanicos.
Según el expediente de la ‘Operación Medusa’, además de Jean Alain Rodríguez, están encartados Rafael Antonio Mercedes Marte, quien se desempeñó como encargado del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General, Altagracia Guillén Calzado, que fungía como subdirectora administrativa, Javier Alejandro Forteza Ibarra, quien fuera director de Tecnología de la Información de la institución y Miguel José Moya, asesor de la Procuraduría.
La ex empleada Medina Sánchez haría revelado a los fiscales que permitía las entradas “irreales” de órdenes de productos incompletos (o que simplemente no llegaban) al almacén de la Procuraduría, a través de facturas adulteradas, lo que hacía en su condición de encargada de recibir estos materiales, bajo las instrucciones de los funcionarios de la Procuraduría Johannathan Medina Reyes, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Francis Ramírez Moreno, Rafael Antonio Mercede Marte y Altagracia Guillén Calzado.
Asimismo, se señala que la delatora habría dado detalles de una serie de operaciones irregulares en las que haría participado, como en las “licitaciones amañadas”, junto a los grupos que podía seleccionar directamente las empresas que ganarían el proceso de compra, sin importar la oferta. La acusación en su contra, señalaba que lideraba una banda que robaba artículos de los almacenes de la PGR, determinando que luego de ejecutar un inventario de activos fijos, “un déficit de 710 televisores, además de una cantidad indeterminada de abanicos.
‘Operación 13’.- La primera semana de mayo de este año se destapó el escándaloso fraude en el sorteo del 1ro de mayo en que se dio por ganador el número 13, mediante una acción en que una locutora cantó un número ganador con un bolo que aparentemente le había pasado uno de los no videntes que hacía esa labor en los sorteos.
El entramado fraudulento consistió en declarara ganador el número 13, el cual fue jugado en una cantidad de bancas previamente seleccionada, las cuales fueron ‘desbancadas’ por la demanda de cobros del número ganador, mientras en otras, aparentemente relacionadas con los mafiosos, ese número no fue jugado. Las autoriades han estimado en unos $500 millones de pesos la cantidad cobrada a las bancas estafadas.
Luis Dicent, entonces administrador de la Lotería dijo en principio desconocer lo ocurrido y que haría una investigación, pero la joven locutora Valentina Rosario Cruz y el invidente Miguel Mejía relataron con lujo de detalles a los fiscales cómo fue elaborado el plan para fingir el premio con el bolo 13 y las sumas de dinero que les habían ofrecido, acusando directamente a Dicent de dirigir la acción. Junto a Dicent fueron enviados a prisión por un año aWilliam Rosario y Eladio Batista, mientras que a Valentina Rosario Cruz y Miguel Mejia, junto a otros tres cumplen medidas de coercion de prisión domiciliaria y otros dos fueron puestos en libertad sin cargos.
‘Operación Caracol’.- La investigación a los miembros de la Cámara de Cuentas por varios delitos de corrupción administrativa, obstrucción de la justicia, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, complicidad en los tipos penales de desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos provenientes de actos de corrupción. La investigación se oficializó a finales del 2020 e incluyó un allanamiento a la sede de la Institución, el 22 de febrero de 2021, pero no se ha procedido a depositar un expediente en los tribunales.
Los miembros de la Institución, incluyendo a su ex presidente, Hugo Francisco Álvarez Pérez, han sido interrogados en múltiples ocasiones por los fiscales del PEPCA y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público pero no se ha formalizado un expediente en su contra. La investigación, pese a haberse iniciado a finales del 2020, chocó con el impedimento judicial del estado de inmunidad que le otorgaba la ley a los miembros de la Cámara de Cuentas, lo que quedo liberado cuando el Congreso Nacional eligió a los nuevos miembros del organismo, tras haber cumplido su período de cuatro años los anteriores incumbentes.
Alvarez Pérez y otros funcionarios de la Cámara de Cuentas se han declarado inocentes de las acusaciones que en principio han sido emitidas en su contra y por lo que el PEPCA los investiga, pero la miembro del organismo Margarita Melenciano Corporán habría entregado a los fiscales una serie de informaciones sobre las irregularidades denunciadas, entre otras las auditorias en obras de Odebrecht las cuales habrían sido ‘maquilladas’, que han sido parte trascendente para la hilación de un expediente acusatorio, que se dice será presentado en cualquier momento ante la Justicia. En este caso no hay personas arrestados.
