Redacción HoraxHora
La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el martes 8 de octubre la audiencia para conocer la medida de coerción contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant) Hugo Beras y otras seis personas, detenidos desde el miércoles e imputados de pertenecer a una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios y contrabando.
Destaca EFE en una nota que el tribunal adoptó la medida a solicitud de los abogados de los acusados para conocer el expediente presentado por el Ministerio Público.
Los demás imputados son José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix; Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología de ese organismo; y Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant.
Asimismo, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant, y Carlos José Peguero Vargas.
ACUSACIONES
Detalla el cable que los detenidos están acusados, además, de comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica, por medio de alta tecnología, y robo de identidad, de acuerdo con un comunicado del Ministerio Público.
Entre los hechos objeto de la imputación se encuentran el contrato, que el Ministerio Público tilda de fraudulento, para la modernización del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo, así como un contrato «ilegal» con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix firmado el 23 de junio del 2020, utilizado «para usurpar funciones propias de los organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado y el sabotaje ocurrido en contra de la red semafórica en el mes de agosto», según la información.
Los arrestos se realizaron tras la puesta en marcha de la denominada operación Camaleón, desplegada en la noche del miércoles, cuando las autoridades allanaron residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana.
Durante los allanamientos «se ocuparon cientos de evidencias que confirman las imputaciones del Ministerio Público», que califica la acción como una de las «más exitosas» contra el crimen organizado, de acuerdo con un comunicado divulgado el jueves por el órgano persecutor.
