Redacción HoraxHora
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en coordinación con la Fiscalía de María Trinidad Sánchez solicitó la imposición de medidas de coerción, incluyendo prisión preventiva, contra seis miembros de una red criminal internacional involucrada en tráfico de drogas, tráfico de armas y lavado de activos, desarticulada en la Operación Arrecife 2.0.
El órgano persecutor solicitará la declaratoria del caso como complejo, dada la magnitud de la red y la naturaleza de los delitos, y pedirá medidas de coerción consistentes en prisión preventiva para los principales implicados, junto con garantías económicas y presentación periódica para otros vinculados.
El conocimiento de la medida de coerción está pautado para este lunes 7 de octubre de 2024, en la Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez.
Los imputados Ángel María Polanco Tavarez, Luis Arístides Alcequiez, Ana Victoria Duarte Trinidad de Alcequiez, Alanna Familia, Ana María Peña Meléndez y Wilmer Manuel Polanco Caridad fueron detenidos en allanamientos simultáneos realizados el pasado 4 de octubre en diversas localidades del país, incluyendo María Trinidad Sánchez, Samaná, Montecristi, Santo Domingo Este y Oeste, y el Distrito Nacional.
Durante estos operativos, las autoridades incautaron más de 2 millones de pesos en efectivo, 11 vehículos de alta gama, incluidos modelos Toyota Hilux, Lexus y Mercedes Benz, así como seis armas de fuego, entre pistolas y escopetas, además de municiones de guerra, fortaleciendo el caso contra la organización.
Entre las armas confiscadas, destaca una pistola Daewoo, modelo DP51, que figura registrada a nombre de Cristian Antonio Dicent Polanco, quien enfrenta un proceso por homicidio y es buscado por INTERPOL.
La investigación también ha identificado a Joel Antonio Estévez Batista, un reconocido narcotraficante prófugo, condenado anteriormente a 30 años de prisión por tráfico internacional de drogas.
La estructura criminal, operativa desde 2015, ha estado involucrada en diversas actividades ilícitas propias del crimen organizado, incluyendo el lavado de activos. Varios de sus miembros ya han sido condenados en el pasado, lo que evidencia su alto nivel de operación y la magnitud de sus actividades delictivas.
La Operación Arrecife 2.0 movilizó a más de 350 agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), junto con un equipo técnico del Ministerio Público, para ejecutar allanamientos simultáneos por aire, mar y tierra. Durante esta acción judicial, se intervinieron propiedades ligadas a la organización, tales como apartamentos, discotecas, almacenes y fincas.
El caso está vinculado al hallazgo en febrero de 2023 de 243 paquetes de cocaína en una villa ubicada en la carretera Río San Juan-Cabrera, donde fue arrestado en flagrante delito Javier de Jesús de Oleo, junto a otros individuos que ya cumplen medidas de coerción, como Omar Ortiz Mosquea y Eduardo Antonio Martínez Adames, alias «Pluma».
La procuradora Ramona Nova Cabrera, titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, y Juan Mateo Ciprián, fiscal titular de María Trinidad Sánchez, afirmaron que esta segunda fase de la Operación Arrecife 2.0 ha sido un golpe contundente para la organización, no solo a nivel local, sino también en sectores del Distrito Nacional como Villa María, donde se incautaron seis armas de fuego.
