Redacción HoraxHora
Cuatro ciudadanos dominicanos fueron extraditados a Estados Unidos por su presunta participación en una red transnacional de llamadas fraudulentas operada desde la República Dominicana. La estructura criminal engañó a cientos de ancianos estadounidenses, haciéndoles creer que sus nietos u otros familiares estaban en apuros y necesitaban dinero. La investigación identificó a más de 400 víctimas, con una edad promedio de 84 años, incluyendo al menos 50 en Massachusetts, y pérdidas que superan los 5 millones de dólares.
Un cable publicado por Agencias detalla que Oscar Manuel Castaños García, de 33 años; Joel José Cruz Rodríguez, alias “Paflow”, de 33 años; Edward José Puello García, de 45 años; y Joel Francisco Mathilda León, de 26 años, fueron arrestados en agosto de 2025 en la República Dominicana y extraditados el 30 de septiembre de 2025. Comparecieron ante un tribunal federal en Boston el 1 de octubre de 2025 y quedaron detenidos en espera de juicio. Los acusados fueron imputados por un gran jurado federal en mayo de 2024 por un cargo de conspiración para cometer fraude postal y electrónico y un cargo de conspiración para el lavado de dinero.
Según la acusación, los imputados —presuntamente liderados por Castaños García— operaban una sofisticada red de llamadas en la República Dominicana que engañaba a ancianos en Estados Unidos mediante la conocida modalidad de “estafa de los abuelos”. Una vez obtenidos los fondos, supuestamente eran blanqueados y enviados de vuelta al país.
Castaños García presuntamente supervisaba centros de llamadas en la República Dominicana, donde empleaba a cómplices que hablaban inglés y realizaban las llamadas fraudulentas. Las estafas comenzaban con un “Iniciador”, que llamaba a las víctimas haciéndose pasar por un nieto involucrado en un accidente. Luego, un “Cerrador” se hacía pasar por abogado del supuesto nieto y solicitaba dinero para cubrir honorarios legales. Castaños García dirigía estos centros con el apoyo de varios gerentes, entre ellos Cruz Rodríguez y Puello García, quienes supuestamente supervisaban, instruían y pagaban a los empleados.
Agencias explica en su publicación que la acusación indica que los operadores instruían a las víctimas a entregar dinero en efectivo a supuestos intermediarios en Estados Unidos, entre ellos Mathilda León. Por lo general, solicitaban entregar paquetes de dinero a conductores de aplicaciones de transporte, quienes sin saberlo los recogían y entregaban a los cómplices. En otros casos, las víctimas eran instruidas a enviar dinero por correo o mensajería.
Con frecuencia, los estafadores volvían a contactar a las víctimas solicitando fondos adicionales, alegando nuevas complicaciones, como supuestos fallecimientos o confusiones en el caso.
En ocasiones, los cómplices ordenaban a conductores desprevenidos de servicios de transporte que llevaran a las víctimas al banco para retirar más dinero.
La acusación también recoge que los intermediarios realizaban transacciones financieras, incluyendo depósitos en efectivo en cuentas bancarias y entrega de fondos a cómplices en Nueva York y otros estados. Los operadores recurrían a lavadores de dinero tanto en Estados Unidos como en la República Dominicana para transferir las ganancias ilícitas.
Las personas que crean ser víctimas de este u otros fraudes contra personas mayores deben comunicarse con [email protected] o llamar al 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324). También pueden presentar denuncias en el Centro de Denuncias de Fraude contra Personas Mayores del IC3 del FBI.
El cargo de conspiración para cometer fraude postal y electrónico conlleva una pena de hasta 20 años de prisión, tres años de libertad vigilada y una multa de hasta 250,000 dólares, o el doble de las pérdidas causadas. El cargo de conspiración para el blanqueo de capitales también contempla hasta 20 años de prisión, tres años de libertad vigilada y una multa de 500,000 dólares o el doble del monto blanqueado. Las sentencias serán determinadas por un juez federal, bajo las Directrices de Sentencia de Estados Unidos.
El anuncio fue realizado por la fiscal federal Leah B. Foley; Ted E. Docks, agente especial a cargo de la División de Boston del FBI; y Kevin Neal, alguacil federal interino del Distrito de Massachusetts. Contó además con el apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, la Policía Nacional Dominicana, la DEICROI, la DICRIM y el Ministerio Público. El fiscal federal adjunto David M. Holcomb, de la División Penal, encabeza la acusación.
Los detalles contenidos en los documentos de la acusación son meras alegaciones. Los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal.
