Redacción HoraxHora
El Ministerio Público respaldó con más de un centenar de pruebas la solicitud de prisión preventiva y arresto domiciliario contra Antonio y Maribel Espaillat, acusados de cometer homicidio involuntario y causar golpes y heridas involuntarias al poner en riesgo la vida de los empleados y del público que asistía al Jet Set Club. El techo del establecimiento se desplomó la madrugada del pasado 8 de abril debido a múltiples inobservancias y violaciones de los controles técnicos, provocando la muerte de 235 personas y dejando a más de 180 heridos.
El titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, el procurador adjunto Wilson Camacho, resaltó que desde el primer momento en que se registró el lamentable hecho, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, dispuso todas las medidas necesarias para que se llevara a cabo una investigación seria que impidiera la impunidad en este caso.
«Desde el primer momento en que se registraron estos hechos, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, dispuso todo lo necesario para que realizáramos un trabajo serio que asegurara que no hubiera impunidad en estos sucesos que han generado un duelo colectivo en la República Dominicana», dijo Camacho al ser abordado por periodistas en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Recordó que la muerte de 235 personas, que deja en la orfandad a decenas de niños y provoca dolor entre familiares y amigos, al tiempo que consterna a toda la población dominicana, es la consecuencia del comportamiento de los imputados Antonio y Maribel Espaillat, quienes “fueron negligentes, irresponsables y demostraron un comportamiento que evidencia un absoluto desprecio por la vida humana”.
Dijo además que todo eso está contenido en la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público en este proceso y respaldado por más de 130 medios de prueba que avalan cada una de las afirmaciones realizadas por el órgano acusador.
«Esperamos, por lo tanto, que el tribunal acepte la solicitud presentada, que consiste en prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para Maribel Espaillat», sostuvo.
Definió la intimidación de testigos como un hecho corroborado en el proceso y un elemento que permite al tribunal verificar el peligro procesal de los imputados, lo cual refuerza la postura del Ministerio Público para solicitar prisión preventiva y domiciliaria.
En cuanto a la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público, señaló que incluye las acciones legales presentadas por las víctimas.
Al responder una pregunta relacionada con el arraigo de los imputados, Camacho explicó que este caso dejó 235 fallecidos, más de 180 heridos y más de 130 niños huérfanos. Estos niños, que antes del 8 de abril tenían su vida asegurada, ahora enfrentan un futuro incierto porque dos personas decidieron anteponer sus intereses económicos y personales a la vida humana.
En la audiencia, el procurador adjunto Camacho estuvo acompañado por los fiscales Rosalba Ramos (titular del Distrito Nacional), Magalys Sánchez, Héctor García, Enmanuel Ramírez y Miguel Collado. El juez Rigoberto Sena, de la Atención Permanente, aceptó una solicitud de los abogados para preparar su medio de defensa y aplazó el conocimiento de la medida de coerción para el próximo miércoles, a partir de las 11:00 de la mañana.
En la instancia presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, el Ministerio Público solicita medidas de coerción contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat.
Como parte de los elementos que agravan la responsabilidad de los imputados, la investigación determinó que sobrecargaron la estructura del techo de la discoteca al instalar un sistema de climatización de gran volumen, que incluía seis aires acondicionados de 15 y 20 toneladas cada uno, además de tinacos de agua, todo ello sin realizar ningún estudio que garantizara la capacidad de la estructura para soportar dicho peso.
Los fiscales determinaron que Antonio y Maribel Espaillat recurrieron a soluciones paliativas inadecuadas, siempre con la intención de ahorrar recursos, a pesar de tener conocimiento directo y constante de los graves problemas del techo, mediante reportes visuales, fotografías, videos y comunicaciones de sus propios empleados. A pesar de las advertencias explícitas sobre la caída de escombros y el peligro inminente, optaron por ignorarlas deliberadamente.
Además, la imputada Maribel Espaillat, a pesar de saber del desprendimiento de escombros horas antes del colapso y ante la petición de suspender la actividad, se negó a detener la fiesta, alegando la ausencia de Antonio Espaillat y la imposibilidad de cancelarla, priorizando el beneficio económico sobre la seguridad y la vida de las personas.
El Ministerio Público destacó que la serie de acciones y omisiones de los imputados, incluyendo la falta de permisos, modificaciones estructurales sin base técnica, sobrecarga del techo, reparaciones deficientes y desatención a las advertencias de peligro, evidencia un patrón sistemático de irresponsabilidad y negligencia que culminó en los lamentables hechos de la madrugada del pasado 8 de abril.
Los peritajes técnicos confirmaron fallas estructurales críticas, como la ausencia de una columna esencial, anclajes deficientes de vigas y la falta de muros de mampostería de soporte, fallas que se atribuyen directamente a la gestión de la discoteca.
El órgano acusador planteó que los hechos ocurridos en el Jet Set habrían sido totalmente evitables si los imputados hubieran actuado conforme a la ley y valorado la vida por encima del dinero.
