Redacción HoraxHora
El Tribunal Constitucional (TC) falló a favor de la agencia Javi Auto Import, ubicada en La Altagracia, al ordenar la devolución de 13 vehículos que habían sido incautados por el Ministerio Público en 2023, pese a no existir ningún proceso penal abierto contra su propietario, Melvin Javier Carpio.
La decisión, contenida en la sentencia TC-0375-25, pone en evidencia las irregularidades cometidas durante la retención de los automóviles, los cuales fueron ocupados durante un allanamiento el 8 de julio del año pasado, en medio de una investigación que involucraba a Elyn Ernesto Carpio Peña, hermano de Melvin Javier, extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
A pesar de que los vehículos fueron considerados evidencia del supuesto proceso, el Ministerio Público nunca presentó una acusación formal contra Melvin Javier. Esto llevó a la empresa afectada a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), que concluyó que la incautación prolongada sin fundamentos legales violaba el derecho a la propiedad.
El TC respaldó plenamente esta decisión y desestimó la revisión constitucional solicitada por la Procuraduría General de la República (PGR). En su dictamen, el alto tribunal reiteró que no puede mantenerse la retención de bienes sin un expediente penal abierto, aludiendo al artículo 51 de la Constitución, que protege el derecho fundamental de propiedad.
«Sin proceso penal ni evidencia de que los vehículos estén relacionados directamente con un delito, no puede justificarse su decomiso prolongado», concluyó el Tribunal, subrayando que este caso es de «especial trascendencia constitucional», ya que contribuye a sentar jurisprudencia sobre la protección patrimonial frente a excesos del Ministerio Público.
Entre los vehículos devueltos se encuentran modelos de diversas marcas, incluyendo Hyundai, Nissan, Toyota, Honda y Chevrolet, cuyos propietarios legales podrán finalmente recuperarlos tras casi un año de disputa judicial.
Con esta sentencia, el TC marca un precedente importante en la defensa de los derechos civiles y limita la práctica de incautaciones sin respaldo procesal, una medida que, según expertos, podría impactar futuras actuaciones del Ministerio Público en materia de bienes decomisados.
